A partir de ahora, podrán seguir recibiendo subsidios del Gobierno para pagar sueldos aunque reduzcan personal, a condición de que los retiros sean voluntarios.
En principio, estos cambios están dirigidos al sector metalúrgico de Tierra del Fuego o a textiles bajo promoción industrial, que venían aplicando planes de reducción de puestos de trabajo por “mutuo acuerdo” con los sindicatos.
Hasta antes de esta nueva medida, estas empresas no podían conservar o acceder a los subsidios Repro, con lo cual, eliminado el condicionamiento, cabría esperar una ampliación de la cantidad de solicitantes del beneficio a la cuenta de la Anses.
En el polo electrónico de Tierra del Fuego ya se había intentado sin éxito impulsar una ley de subsidio a las indemnizaciones, ya que la parte gremial alertaba que se terminaría alentando la pérdida de empleos. El nuevo Repro transita esa senda, siempre que se trate de achicamientos de planta consentidos.
Desvinculaciones intempestivas
No es el caso de los despidos, que suelen derivar en onerosas demandas judiciales como consecuencia de que las empresas que toman la decisión unilateral de desprenderse de personal asumen que el cálculo indemnizatorio vigente adquiere tal magnitud que hasta prefieren “patearle” la definición de los montos y formas de pago a la desfavorable pero cansina industria del juicio.
No son pocas las pymes manufactureras que admiten estar involucradas en algún juicio laboral, cuyas principales causas son indemnizaciones por despido y accidentes o enfermedades laborales: la tercera parte. La proporción es mayor en las empresas medianas (48 %) que en las pequeñas (31 %): tienen tres juicios activos (dos en las pequeñas, cuatro en las medianas), según datos de la Fundación Observatorio Pyme (FOP).
La consecuencia se traslada a las políticas de empleo y alienta prácticas precarias de contratación. “No aseguraría que es la razón de la reducción de la productividad o del cierre de empresas, pero no tenga dudas de que es una causa del parate total de la contratación de personal. El año pasado tuvimos una pérdida de ocupación del 3 %, que es dramático”, afirmó el director ejecutivo de FOP, Vicente Donato.
Calzado o Indumentaria son los rubros en los que hay mayor litigiosidad: 6 por empresa promedio. En la industria del software de la Ciudad de Buenos Aires, el 21% de las pymes reconoce un promedio de 2 juicios por indemnizaciones por despido y diferencias salariales.
Precisamente, en 2017, los subsidios Repro exprés habían tenido como principal destino al sector textil y calzado, pero ahora que las empresas inscriptas en el Repro dejan de estar obligadas a "mantener la dotación total de personal registrada al momento de la presentación de sus solicitud y/o su aprobación", siempre y cuando achiquen sus planteles por medio de retiros voluntarios.
A la mesa chica de la Jefatura de Gabinete no le cayó nada bien la concesión que tuvieron que hacer por presión de la CGT, que denunciaba que las patronales habían violado el acuerdo de no despedir hasta marzo.
Y es porque las cuentas fiscales se metieron con calzador a partir de que "las reformas, junto con las políticas implementadas desde la llegada de Cambiemos al Ejecutivo nacional, desfinancian al Tesoro Nacional en casi $140.000 millones en 2018", como reveló el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que fue modificada la estructura recaudatoria ante los cambios en el recorte previsional previsto originalmente y la negociación del Gobierno nacional con los gobernadores por el pedido de reducción del peso de Ingresos Brutos y sobre el reclamo del Fondo del Conurbano.
Los toqueteos representaron un 5% del gasto primario estimado en 2018, que asciende a $2.721.450, afirma CEPA.
El subsidio a las indemnizaciones instrumentado con el cambio al Programa de Recuperación Productiva repercute en las cuentas de 2018 del encargado de pagarle a las empresas, Anses, que mostraban un leve saldo positivo en torno de $6 mil millones, que aumentaría a $18 mil millones si se considerara la reducción de las jubilaciones de privilegio.
Anses debió inclusive contribuir a atender los desequilibrios de las cuentas públicas en el cierre de 2017 transfiriendo hacia el Tesoro poco más de $100 mil millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
El gobierno ya le tenía echado el ojo al Repro desde el primer año de gestión, cuando bajó de un año a otro de 402 empresas beneficiadas a 89 y recortó en un 84% el presupuesto, al pasar de $1.174.092.576 en 2015 a $359.756.000 en 2016.
Hasta octubre de 2017 había 63.618 trabajadores a los que la Anses les pagaba parte de su sueldo mediante este programa, y con la ley pyme se sumaron los Repro exprés destinados a reducir la carga burocrática a las micropymes a fin de facilitarles el acceso, para lo cual también les establecieron un mayor monto que podía superar en un 50% el SMVyM,
Por fuera de ese subsidio, a los despidos en la Administración Pública Nacional y organismos como Fabricaciones Militares, se agregan las tensiones sociales que se generan en la actividad privada, sobre todo la manufacturera, por el ajuste de la economía.
Por caso, la empresa estadounidense Bunge anunció el despido de otros 30 operarios y sumó así 165 cesantías en lo que va del año, en medio del "proceso de readecuación" en Campana, que consiste en la paralización de las líneas de producción de fertilizantes, en un contexto, dijo la firma, de falta de competitividad de la planta, por la suba de costos para producir y un mercado internacional altamente competitivo, que fabrica a más bajo precio.
El ingenio San Isidro de Salta anunció el cese de su actividad productiva, a través de un documento pegado en el portón en el que señaló a la crisis del sector como razón principal de la decisión. Deja más de 700 obreros a la deriva. Si bien esa actividad vive un momento de expansión, no alcanzó para que el Grupo Gloria, de capitales peruanos, gerenciador del ingenio, decidiera cerrar las puertas del establecimiento en Campo Santo, a 50 kilómetros de la ciudad de Salta. A raíz del conflicto, el gobernador Juan Manuel Urtubey no viajó a Suiza para acompañar al presidente Mauricio Macri en el Foro Económico Mundial de Davos.
En el proyecto de reforma laboral desdoblado subyace el recorte del gasto de las indemnizaciones que reclaman las empresas productoras de bienes y servicios transables internacionalmente, con el argumento de poder adecuarse a la competencia externa.
En una sintonía muy distinta dentro del espectro sindical se mueven empleados de comercio, bancarios, obreros de la construcción, personal de sanidad, petroleros, encargados de edificio, empleados del caucho, estatales de la administración pública nacional y bonaerenses, de estaciones de servicio y gráficos, entre otros, que en casi todos los casos (salvo los de la alimentación) no tienen dependencia importadora y exportadora que los obligue a competir.
Suman más de 2 millones los trabajadores cuya prioridad hoy pasa más por la aplicación de las cláusulas de actualización salarial automáticas (gatillo) en los convenios laborales que los habilita a percibir, previo a las próximas paritarias, la diferencia entre la recomposición original y la suba del IPC del Indec.
