Según describió el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, se instauró una "maniobra de corrupción", desde el Gobierno y organismos estatal vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez".
Fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos. A modo de resarcimiento, las nuevas autoridades de Vialidad Nacional reclaman cerca de la mitad.
Este circuito de contrataciones “irregulares”, permitió que el patrimonio del "amigo presidencial" creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes", básicamente a través de alquileres de habitaciones de hoteles que no se usaban, según la investigación.
De las contrataciones otorgadas a Báez, la actual gestión de Vialidad Nacional rescindió 24 contratos, todos ellos inconclusos “y que por años se incluyeron en el presupuesto nacional sin ningún tipo de avances y obras que no eran relevantes como la reparación de canteras, pero con costos millonarios”, remarcó Iguacel.
Al momento de exigir un resarcimiento económico, se realizó un peritaje que se incorporó a la causa del que participó un organismo técnico, especializado y una universidad. Se tuvo en cuenta el dinero volcado a favor del Grupo Austral, las obras no concluidas, los años que se presupuestaron, daños ocasionados por el retraso en las mismas, y los costos administrativos, entre otros aspectos.
En caso de una condena en la instancia de un juicio oral y público, Vialidad exige que los decomisos como otras medidas patrimoniales (pueden ser remates) que surjan del mismo, se destinen al Estado. El dinero iría a una cuenta especial del organismo.
El área que depende del Ministerio de Transporte que dirige Guillermo Dietrich ya cuenta con la guarda judicial de 150 máquinas de Austral Construcciones que fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello.
