Dijeron al respecto: “El objeto de la instrucción trae aparejado cierto grado de dificultad probatoria sobre determinados aspectos del iter criminis -más que nada en función de los resultados infructuosos que han tenido en otros países los exhortos internacionales-. Pero ello no obsta a la producción de cursos de acción rápidos y que sirvan para obtener mayores precisiones sobre las distintas facetas que -como ya se conoce- la maniobra presenta, tanto en las etapas previas, así como en las de adjudicación y de ejecución del contrato….Es que la entidad de los sucesos denunciados -donde se encuentran imputados por hechos de corrupción funcionarios públicos y empresarios del sector privado, que involucran pagos de sobornos en el contexto de supuestos fraudes por sumas millonarias- hace ineludible encomendar al juez que tome en consideración información ya invocada en la causa (ver f. 1069/37vta.) y que, sobre la base de datos colectados, procure una actividad eficaz en miras a contestar interrogantes suficientes a fin de avanzar en el proceso, como también que evalúe la adopción de medidas cautelares de distinta índole que correspondan”.
Ante el fallo de la Cámara Federal, Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, se preguntó a través de Twitter si entre esas medidas que reclama el tribunal estará el llamado a indagatoria a Calcaterra.
La imputación del fiscal Franco Picardi es por los delitos de defraudación, soborno transnacional y dádivas. La presentación que hizo Picardi ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi señala que Iecsa y Odebrecht se postularon como socias y que protagonizaron junto con otras compañías mecanismos de “cartelización” implementados para reducir la competencia y que siempre ganaran las mismas. Dice que es un procedimiento análogo al que se detectó en Brasil en el caso Lava Jato.
