Parte del problema independentista es no saber o no querer aceptar la historia, a lo que lleva a creer que hay razones históricas que justifique la secesión, cuando no las hay. Cataluña no podría ser nunca, en principio, una república independiente ya que el artículo segundo de la Constitución española de 1978 dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Este artículo de la Constitución es el que transforma un referéndum secesionista en Cataluña, o en cualquier región de España, en un acto ilegal.
Hay que repasar la historia para entender un poco más. El primer hecho histórico relevante: el matrimonio de los Reyes Católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla en 1469. En un acto de amor y conveniencia mutua se unen las dos coronas. Nadie puede negar el hecho de que a partir de ahí España emprendió un destino en común, tanto político, cultural como territorial. Este hecho, si no se hubiera consumado, y sin tomar en cuenta los sucesos posteriores, posiblemente permitiría dar algún crédito histórico a las ansias independentistas.
Pero los dos regentes decidieron unir sus corazones y así encauzar, con razón y deseo propio, el destino común de todos sus habitantes, incluidos los catalanes, que son tan españoles como sus hermanos de Aragón, Valencia o Islas Baleares.
A partir de aquí los catalanes fueron figuras centrales en el desarrollo de la España tal y como la conocemos hasta hoy. Nadie puede negar que algunos de los más célebres esclavistas de América eran catalanes, algo para avergonzarse por cierto, pero también hubo célebres políticos, militares, comerciantes y artistas catalanes que no sólo han ejercido influencia sino que han participado activamente en toda la historia moderna de España.
Me sumerjo en la cápsula del tiempo para viajar hasta 1714. Concretamente al 11 de Septiembre. Popularmente conocido como el Día de Cataluña o la Diada. Este día se festeja, o mejor dicho se conmemora, la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas de Felipe V, como broche casi final de la Guerra de Sucesión Española que enfrentó a los borbónicos y a los austracistas. La historia la escriben los ganadores, y nadie puede negar las consecuencias de este hecho: el actual rey Felipe VI es de la Casa de Borbón.
“Se fa saber á tots (…) que la deplorable infelicitat de esta ciutat, en què avui resideix la llibertat de tot lo Principat y de toda Espanya (…) pero com tot se confía, que tots com verdaders fills de la patria, amants de la llibertat, acudirán als llocs senyalats a fi de derramar gloriosament seva sang y vida, per son Rey, per son honor, per la patria y per la llibertat de tota Espanya”.
Vale recordar aquí la frase del gran prócer catalán, acuñado y mal interpretado por el independentismo, Rafael Casanova, quien al creer que su España se convertiría en el patio trasero de Francia, de triunfar los borbones en la Guerra de Sucesión al trono español, algo que el tiempo demostró lo contrario, escribió en la proclama antes de la capitulación de Barcelona: “Se hace saber a todos (…) que la deplorable infelicidad de esta ciudad, en la que hoy reside la libertad de todo el Principado y de toda España (…) pero como todo se confía, que todos como verdaderos hijos de la patria, amantes de la libertad, acudirán a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y vida, por su Rey -el otro rey-, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España”. Para Casanova, el conjunto de España y el Principado (de Cataluña) eran sinónimos a defender ante el acecho del rey de origen francés.
En la cápsula del tiempo me trasladado a la historia más reciente. Se conoce como ‘La Guerra Civil’ a la desatada en 1936 que enfrentó al bando republicano (defensores de la Segunda República Española y el orden constitucional vigente), y el bando sublevado encabezados por Francisco Franco, quien luego de la victoria en 1939 inició una cruel dictadura que duraría hasta su muerte en 1975.
Hay que reconocer que Barcelona fue un activo bastión republicano hasta el final del régimen franquista. En las manifestaciones independentistas siempre se cuelan algunas banderas de la Segunda República, lo que hace suponer que algunos catalanes aún reivindican el pasado republicano -que duró de 1931 a 1939 y siguió en el exilio-, y no se sienten representados por el orden constitucional y democrático que le siguió a la dictadura de Franco, con la figura de Su Majestad el Rey, Don Juan Carlos I, en aquel entonces, y su heredero Don Felipe VI en la actualidad.
Juan Carlos I asume, en 1975, el trono del reinstaurado Reino de España, y da comienzo al periodo conocido como la Transición hasta 1978, año que se aprueba la Constitución que aún está vigente. Curiosamente en Cataluña se produjo uno de los mayores apoyos de todas las regiones a la nueva Ley Fundamental con un 90,5% a favor del Sí. Sólo un 4,6% a favor del No, y una participación relativamente alta del 67,9%.
En 1980, el nacionalista catalán, fundador del partido Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) -hoy Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT)-, Jordi Pujol, es electo Presidente de la Generalitat. Gobernó Cataluña con la coalición Convergència i Unió (CiU) por 23 años de manera ininterrumpida. Recientemente salieron a la luz escandalosos hechos de corrupción que involucrarían a toda la familia Pujol-Ferrusola, y su primogénito fue condenado en Abril de 2017 a prisión incondicional. El actual Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont pertenece al PDeCAT, lo mismo que su predecesor Artur Mas, actualmente condenado e inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por organizar una consulta ilegal de independencia, conocida como 9-N, en Noviembre de 2014. Así mismo, desde 2015 hay una investigación en curso por el presunto cobro de comisiones del orden del 3% para la adjudicación de obras públicas, por lo que la corrupción pareciera estar a la orden del día en la política catalana contemporánea.
En el viaje transversal por la reciente historia moderna de España, he llegado al siglo XXI. Hubo de todo: monarquías absolutas, monarquías parlamentarias, repúblicas y dictaduras. Y aquí estamos en el año 2017 intentando encontrarle un justificativo histórico a la independencia de Cataluña. Claro que hay detalles que los he dejado pasar, por una cuestión de simplificación, pero quien quiera seguir insistiendo en una razón histórica y quiera seguir tirando del hilo, se podría trasladar indefinidamente para atrás y así podría encontrar una válida justificación histórica que daría la razón para que todos los países desarrollados del mundo vuelvan a vivir en tribus autóctonas, algo muy lejano al concepto de globalización y al ideario fundacional de la Unión Europea.
La historia es implacable con los argumentos independentistas, y por esa razón no habría que seguir buscando ahí las respuestas a la solución al conflicto, sino abocarse exclusivamente al diálogo político entre las partes que defienden la democracia y el Estado de derecho, que por fortuna son apoyadas por la mayoría del pueblo catalán.
El desenlace
Se barajan varios escenarios. El primero y más inmediato es la Declaración Unilateral de la Independencia. Es el siguiente paso en la hoja de ruta independentista. Este podría ser el mayor error que pudiera cometer el actual gobierno de la Generalitat, aunque a estas alturas es posible que se encuentre entre la espada y la pared, sin margen para volver atrás. Aquí el Estado desplegaría todo su arsenal para proteger la unidad de España. Es el escenario menos deseado, incluso hace algunos años el menos imaginado, pero, de acuerdo a las últimas informaciones, el más probable.
El opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y su brazo regional el PSC, proponen abrir el diálogo hacia una reforma constitucional. Aunque es una posibilidad, es improbable que esto resuelva la cuestión de fondo en cuanto a la proclama independentista.
El artículo 2do. de la Constitución fue redactado con un claro sentido, y aunque se puede dotar a las regiones de aún mayor autonomía desde la misma carta magna, es improbable que se incluya la denominación de “Nación de Naciones”, como propone el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya que en principio supone una gran contradicción jurídica, y puede dar lugar a interpretaciones que podrían envalentonar nuevamente al independentismo en algún futuro.
Ciudadanos, el tercer partido de la oposición, que le ha dado el apoyo al conservador Partido Popular (PP) para el segundo mandato del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, propone algo más pragmático y factible: invocar cuanto antes el artículo 155 de la Constitución, que suspende la autonomía de la región, con el fin de convocar a elecciones al Parlament de Cataluña.
A nivel regional, Ciutadans fue el partido más votado de la oposición en las elecciones autonómicas de 2015 y estaría en condiciones de liderar una coalición, con el apoyo de los demás partidos no independentistas, para hacerse del control del Govern de la Generalitat, hoy en manos independentistas y que han cerrado todo diálogo a cualquier alternativa que no sea la secesión del conjunto de España.
Como he intentado explicar, las razones históricas para una independencia son tan injustificadas como las razones políticas o económicas, entendiendo que éstas últimas, si las hubiere, se deberían resolver con diálogo político, como probablemente se termine resolviendo. Quisiera descartar que existan razones de índole egoístas que sean las que están promoviendo este movimiento independentista. Cataluña históricamente pregonó la solidaridad dentro del conjunto de España, y es algo que los catalanes deberían defender con gran orgullo, y no permitir que algunos oportunistas de pacotilla tiren por la borda todo lo que han logrado y defendido como sociedad a lo largo de su historia.
Asimismo, aunque una hipotética mayoría popular -que hoy no existe- decidiera independizarse, sea en Cataluña o cualquier región de España, no tendría ningún tipo de ‘derecho a decidir’, puesto que la Nación española, de acuerdo a la Constitución, es de todos los españoles, por lo que cualquier decisión al respecto incumbe al conjunto de la sociedad española, y no sólo a una parte.
En el corto plazo se avizoran elecciones anticipadas en Cataluña, ya que los actuales líderes tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Y en el mediano plazo se podría plantear una reforma constitucional que logre seducir al ala blanda del independentismo -con mayor autonomía fiscal y reconocimiento desde la misma Constitución-, a través de la posible creación de un Estado Federal, como propone desde hace unos años el PSOE.
Esto podría ser el principio de la solución a un conflicto que de no resolverse puede acarrear graves consecuencias para el desarrollo económico de Cataluña y el conjunto de España. Europa ya ha advertido en reiteradas oportunidades que es una cuestión que deben de resolver el conjunto de los españoles, y no apoyaría ningún acto contrario a la Constitución que podría desencadenar conflictos territoriales, incluso en otras regiones de Europa, e incentivar nacionalismos y populismos retrógradas.
