De todos modos, la cuestión del voto electrónico llega para una 2da. ronda, y lo sabe la Cámara Nacional Electoral, que defiende la herramienta de sufragio convencional pero ajustando el procedimiento.
Uno de los argumentos de la Administración Macri para regresar a escena su ambición de voto electrónico se refiere a la corrupción que podría ocurrir en la presentación de boletas que se presentar en las recientes Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.
La distribución de dinero para impresión de boletas que luego serían muchas menos que las que se informan, es un acto de corrupción electoral que comentan algunos colaboradores tanto de Adrián Pérez, la autoridad competente en el Ministerio del Interior; como Alejandro Tulio, asesor electoral tanto del Correo Argentino como de José Torello, apoderado del PRO, jefe de asesores de la Presidencia y amigo personal de Mauricio Macri. De todos modos, es la Justicia Electoral la que revisará las declaraciones juradas y las cuentas pendientes.
La sospecha se refiere a que una impresión de boletas que sí es verdadera, y hay otra impresión de boletas que son 'virtuales' y, probablemente, más onerosa que la otra.
Los fondos de campaña y los aportes para impresión de boletas fueron depositados en la cuenta única bancaria del partido (Ley 26.215, artículo 28). El detalle de ingresos y egresos electorales, con los comprobantes y facturas correspondientes (Artículo 58) debe ser recibido por y publicado por el Juez Federal Electoral, puede ser consultado en la sede del Juzgado por cualquier ciudadano e incluso solicitar copia. Las observaciones formuladas son puestas en conocimiento del magistrado, quien debe remitir los informes finales al Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral para su auditoría y posterior dictamen (Artículo 59 y 60).
Hay varios casos que los asesores de Adrián Pérez querrían, dicen, poner bajo la lupa luego del 13/09, fecha límite para que las fuerzas electorales informen cómo aplicaron el dinero recibido para participar de las PASO.
Desde el partido político de Alejandro Biondini (Frente Patriota Bandera Vecinal) al de Luis D'Elía (Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo) -en ambos casos, hay animadversión por diferentes motivos, y la idea es cumplir con las competencias y regulaciones que concede la legislación vigente- pasando por el Partido Federal, presidido por Daniel Madeo, 1er. candidato a diputado nacional, quien llevó como 1er. candidato a senador nacional al ex juez en lo Penal Económico, Julio Cruciani.
Se desconoce por qué motivo aparece esta fuerza en el listado cuyos números interesan que se precisen. El Partido Federal apenas si superó magros 15.000 votos. Biondini obtuvo más sufragios que D'Elía y Madeo/Cruciani.
Al parecer, el problema de estos últimos deviene del abogado, periodista (la web Informador Público) y presidente del partido El Movimiento, Carlos Tórtora.
En el Ministerio del Interior tomaron conocimiento del rumor de que Tórtora denunciaría una suerte de asociación ilícita entre varios integrantes del histórico partido que fundó Francisco Manrique, creador del PAMI en días de Alejandro Lanusse, y que llegó a ser el Nº3, detrás del PJ y la UCR, en 1973.
La gran pregunta que hace Interior: de cada $100 recibidos,
> ¿cuál es el deglose del gasto?
> ¿cuánto se destinó realmente a boletas?
Es una obviedad que el resultado se espera fortalezca la ofensiva de la Administración Macri por la llamada 'boleta electrónica'.
Hay una 2da. ofensiva que llevará adelante la Administración Macri: demostrar que las PASO son onerosas e innecesarias, para intentar cumplir su promesa de suprimirlas. Un escandalete de corrupción sumaría mucho.