El resultado es un desequilibrio de las cuentas públicas insostenible. El aspecto más negativo de este proceso es que este aumento de gasto público no brindó más y mejores servicios del Estado. Los resultados educativos, sanitarios, en materia de justicia y seguridad y servicios básicos en general muestran un severo deterioro.
Las reformas acordadas sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal van en el sentido correcto. Sin embargo, resultan insuficientes para devolver sustentabilidad a las finanzas públicas, aun cuando todas las jurisdicciones se ajusten estrictamente a las pautas previstas. Esto implica que se seguirá dependiendo del endeudamiento público para cubrir los desequilibrios fiscales y que las posibilidades de eliminar, o al menos reducir, los impuestos más distorsivos son remotas.
En el mejor de los casos habrá una promesa de reforma futura sujeta a que el crecimiento económico genere espacio para la reducción de impuestos. Mientras tanto se seguirá conviviendo con altos y distorsivos impuestos que cercenan la producción y la generación de empleos y apostando a que los mercados financieros sigan financiando la parte del gasto no cubierta con impuestos.
El problema de fondo es el desbalance en la percepción que tiene la población sobre la administración del gasto público. Las medidas tendientes a manejar con austeridad el gasto público, en general, motivan rechazo argumentando que tienen asociados costos sociales. Se pasa por alto que mantener los desajuste fiscales genera costos sociales más elevados.
A modo de ejemplo, es muy común exagerar el impacto social de los empleos públicos que se dejan de generar por administrar austeramente el Estado y minimizar o directamente ignorar los costos sociales de los empleos privados que se dejan de crear por aplicar impuestos que desalientan la inversión y la producción.
El desarrollo social exige un sector público austero y profesional. Para avanzar en esta dirección es fundamental asumir que el gradualismo y la tibieza en el ordenamiento del Estado son una fuente generadora de costos sociales a través de más deuda pública, menos crecimiento y más inflación.