En el Gobierno, quienes optan por cumplir con el exhorto de la ONU es el ala diplomática, que intregran la canciller Susana Malcorra, el embajador en Derechos Humanos Leandro Despouy y el secretario de DD.HH. bonaerense, Santiago Cantón. Este sector cree que si hay un informe de ONU se le debe dar cumplimiento, ya que la Argentina tiene firmados tratados internacionales en derechos humanos que debe cumplir.
Se contrapone otro sector que integran el secretario de DD. HH. de la Nación, Claudio Avruj, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien el principal interesado en que Sala permanezca detenida ya que promovió las denuncias en su contra. Aquí pesa el argumento de que no se trata de una decisión vinculante.
Morales, Avruj y los fiscales de Jujuy le pedirán al grupo de la ONU que envíe una misión especial a Jujuy para evaluar in situ la situación.
Según informó este jueves el diario La Nación, hubo una reunión clave el martes en la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Avruj. En el edificio de la ex ESMA confluyeron el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, y el fiscal anticorrupción de esa provincia, Joaquín Millon Quintana, en representación del gobernador Gerardo Morales, que se encuentra en China. También estaban los secretarios de Derechos Humanos de la Cancillería, Javier Salgado, y Cantón.
Por lo pronto, se le dio traslado a la justicia de Jujuy para que responda al informe de más de 170 puntos que elaboró el grupo de las Naciones Unidas. Pero esa fue casi la única coincidencia del encuentro.
Por otro lado, en términos internos, la indefinición le da letra a la oposición. Un grupo de referentes del Frente para la Victoria encabezados por el diputado Héctor Recalde visitaron el miércoles a Sala en el penal en el que se encuentra detenida. Desde allí manifestaron "su preocupación por el incumplimiento de tratados internacionales por parte del Estado Nacional". También aseguraron que en Jujuy "no hay independencia del Poder Judicial", de acuerdo a un comunicado de la Tupac Amaru.
