Sobre este ítem, sustancial para la determinación de la tarifa porque incide en nada menos que 66% de su estructura e influye en la ponderación de la distribución, no hubo más precisiones oficiales.
El meollo de la audiencia, en consecuencia, pasó a ser de la boca de pozo en más.
Hasta ahora, los usuarios pagan US$ 1,29 dde los US$ 4,72 que perciben las petroleras y, una vez aprobada la nueva propuesta, pagarán US$ 3,42, con la consiguiente reducción del subsidio que aporta el Estado nacional.
En consecuencia, la diferencia entre los US$ 3,42 que abona el usuario y los US$ 4,72 de las petroleras (en principio de US$ 1,30) deberá ser cubierta por el Tesoro. Además de este subsidio, el Estado tendrá que hacerse cargo de la diferencia entre el costo de importación y lo que pagan los usuarios por el gas importado que consumen, que en la actualidad representa el 26% del total de la demanda nacional.
Como el precio de la energía importada es, en promedio, sustancialmente mayor a esos US$ 4,72 que percibe el productor local, Aranguren planteó que los precios para los productores locales seguirán subiendo cada 6 meses hasta llegar a US$ 6,78 por millón de BTU en octubre de 2019.
El costo fiscal estimado del subsidio que deberá afrontar el Tesoro para completar lo que pague el usuario en la tarifa asciende a $ 20.000 millones, según el cálculo oficial.
La mitad de los porteños en contra
La cosa juzgada que se embozó en la formalidad legal de la audiencia a la que obligó la Corte no seduce al 48% de los porteños, de acuerdo con el último sondeo del Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano, que dirige Orlando D’Adamo, ya que creen que el Gobierno debería seguir subsidiando las tarifas de servicios públicos, si bien el 37% acepta que habría que aumentarlas.
En este segmento de opinión, el 60% se inclina por subas graduales y diferenciadas por tipo de consumidor, en tanto que sólo el 25% entiende que es mejor un único aumento.
A su vez, el 56% de los consultados considera insuficiente la información brindada por el Gobierno respecto de cómo sucederían los aumentos. Apenas el 29% opina lo contrario.
Un especialista en presupuesto como el titular de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto), Rafael Flores, fue explícito en su exposición en la sala mayor de la Usina del Arte, el espacio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante la audiencia pública que empezó a debatir el cuadro tarifario del servicio de gas dispuesto por el Gobierno nacional, convocada luego que las empresas debieran retroceder con los aumentos autorizados y que la Corte Suprema de Justicia instara a su realización.
Advirtió que “el Estado gastó en transferencias al sector energético el año pasado tres veces y media más dinero que en el conjunto de las universidades nacionales, cuatro veces más que todo el gasto en Seguridad, seis veces más que en Defensa y cinco veces más que en la Asignación Universal por Hijo. Cabe preguntarse a qué modelo de país apuntamos si se gasta en energía más que todo lo que se destina a Educación, Salud y Cultura juntas”.
Agregó que "los subsidios también han sido negativos desde el punto de vista de la redistribución del ingreso. El 20% más rico de la Argentina recibía cuatro veces más subsidios que el 20% más pobre".
Explicó asimismo en la alocución que "tanto desde el punto de vista fiscal como desde su impacto redistributivo y sobre la prestación del servicio, resulta claro que los subsidios energéticos debían reordenarse y reducirse”.
Pero llamó la atención sobre que “la reducción de los subsidios es tan imprescindible como el gradualismo para hacerlo. El peligro de una quita abrupta no sólo pasa por los múltiples problemas sociales que se generarían, sino también por el fuerte impacto recesivo que tendría quitar 3 puntos del consumo privado de un día para el otro y por el efecto inflacionario, directo e indirecto", sostuvo.
"Hay que entender que los comportamientos adquiridos por consumidores y empresas a lo largo de más de 10 años no se pueden cambiar en 6 meses. En ese sentido, es importante ampliar la tarifa social de manera tal que pueda abarcar a otros sectores que hoy no están en condiciones de pagar los aumentos”.
Flores finalizó expresando: “Hoy lo más importante es concentrarse en avanzar con claridad en la disminución de los subsidios antes que en la velocidad de su reducción”.
