Entre los considerandos del decreto se dejó claro que la Ley N°24.588 -que fue conocida como “la Ley Cafiero”, porque éste fue el relator, aunque no su autor- por medio de la cual se estableció que algunas materias que se debieron transferir, quedaran bajo la jurisdicción del Estado nacional, no incluyó la explotación ni la fiscalización de los juegos de azar, al contrario de la Constitución porteña, sancionada en 1996, que “asumió como jurisdicción propia la materia de juegos de azar”.
Actualmente, el Gobierno porteño ejerce su potestad en materia de los juegos de azar, después de sancionada la Ley Nº 538/2.000, que oficia de marco regulatorio. De todos modos, hasta que se concrete el trámite de traspaso, Lotería Nacional “continuará ejerciendo de manera plena su competencia en la materia”.
Aquí va el otro interrogante: si hasta ahora, los juegos de azar porteños fueron potestad de Lotería Nacional, ¿cómo es que la Ciudad le reclama a los concesionarios $4.000 millones en ingresos brutos supuestamente impagos en el pasado?: tanto el hipódromo, que es un predio federal, como los buques en el Río de la Plata, no se encuentran hasta ahora en jurisdicción de la Ciudad.
Por lo demás, el grupo societario del hipódromo y de los barcos casino, contrataron 2 auditorías (Ernst & Young y Deloitte) para sumar en la mesa de evaluación cuando Lotería Nacional presente la suya, a cargo de la consultora KPMG Argentina, para verificar cuánto se apuesta y cuánto se devuelve en premios.