En la Defensoría General fue designada una de las hermanas del vicegobernador Carlos Haquim, mientras que la otra hermana está en la Secretaría de Derechos Humanos.
Y 1 de los 2 jueces que ordenaron el desalojo del acampe de la Tupac Amaru, Matías Ustares Carrillo, fue designado por Morales, quien denunció al fiscal Daniel Osinaga por no imputar a los dirigentes de la Tupac Amaru que mantienen la protesta.
Hauser difunde la denuncia de la organización de Milagro Sala: “Fue entre gallos y medianoche, y es literal, ya que la ampliación del superior tribunal se votó sorpresivamente a las cuatro de la madrugada”, le dijo Ariel Ruarte, quien reemplazó a Milagro Sala en su banca para que ella asumiera en el Parlasur.
El peronismo votó en contra del proyecto y el Frente Unidos y Organizados por una Soberanía Popular (Fuyo) se retiró en señal de desaprobación. Pero Morales obtuvo los votos suficientes.
A las pocas horas de votar la ley en cuestión, los diputados de la UCR, Baca y Altamirano, renunciaron a sus bancas y el viernes 18/12/2015 estaban jurando en la función de jueces supremos como si nada. Morales también nominó a Otarola, otro hombre del radicalismo, diputado en los '80 y candidato a vicegobernador también. Y Laura Lamas, quien a diferencia del resto, viene de carrera judicial, en una concesión al peronismo.
El superior tribunal de 5 integrantes estaba integrado por mayoría de jueces que reportaban al ex gobernador Eduardo Fellner: María Silvia Bernal, Sergio Jenefes (hermano del ex vicegobernador), José Manuel Del Campo y Sergio González, por ejemplo. También Clara De Langhe de Falcone, también ex diputada UCR y hoy presidenta del tribunal.
Según Hausr, el máximo tribunal provincial tiene en la actualidad 9 miembros, de los cuales 4 son militantes de la UCR, sumándose la jueza Lamas, que le debe su cargo a Morales.
El Mundo K, incluyendo a integrantes de Justicia Legítima, repudian la reforma, denuncian que se salteó el debate en comisión, que no se cumplió los requisitos de necesidad y urgencia de una sesión extraordinaria, y que hay una “pérdida de independencia” en una maniobra de “cooptación” explícita del Poder Judicial jujeño que algunos compararon con un “golpe de Estado” en Tribunales.
Es decir que el Mundo K denuncia pecados que cometió durante 12 años.
Agregó Hauser que la reforma judicial en Jujuy incluyó 10 leyes. Al frente del Ministerio Público Fiscal quedó Sergio Lello Sánchez, quien era secretario de Cámara, pero se le imputa familia de origen radical. A cargo de la Defensa Pública fue nombrada Ivonne Haquim, la hermana del vicegobernador.
Frente a la protesta de las organizaciones sociales actuaron 2 jueces que ordenaron el desalojo de la plaza Belgrano: el juez penal, Gastón Mercau, y un juez contravencional, Ustares Carrillo, quien juró en la primera semana de enero en su cargo y se estrenó llevando el expediente 001, el de la ocupación de la plaza.
