En este sentido, los datos oficiales a octubre del 2015, último disponible, señalan que el Sector Público Nacional presenta:
> Un déficit primario (antes de computar pago de intereses de deuda pública) por $70 mil millones o 7% de los ingresos.
> Un déficit financiero (computando pagos de intereses de deuda pública) por $157 mil millones o 15% de los ingresos.
> Entre las erogaciones se destacan los subsidios económicos por $198 mil millones o 18% de los ingresos.
Estos datos señalan que el desequilibrio fiscal es grande y que un factor clave son los subsidios económicos a las tarifas de electricidad, gas, transporte y déficits de empresas públicas. En este contexto, un pacto social orientado a moderar expectativas inflacionarias entre empresarios y sindicatos ayuda a sostener la paz cambiaria. Pero para consolidar la exitosa salida del “cepo” es imprescindible moderar la emisión monetaria. Para ello, lo más urgente y prioritario es reducir los subsidios económicos.
El ritmo en la reducción del déficit fiscal debe acelerarse a medida que el gobierno avance con otros cambios que acentúan los desequilibrios fiscales y que son necesarios para sentar las bases del crecimiento. Ejemplos en este sentido son la reducción de ingresos por bajar la presión impositiva distorsiva, como las retenciones a las exportaciones y la actualización del impuesto a las ganancias. O el aumento en las erogaciones que demanda paliar la crítica situación de la mayoría de las provincias y municipios que, a diferencia de la Nación, no cuentan con la posibilidad de apelar a emisión monetaria.
A esta compleja situación se le agrega el fallo de la Corte Suprema estipulando la devolución del 15% de la masa coparticipable para el financiamiento de la ANSES y del 1,9% destinado a cubrir los gastos de la AFIP. Con la extensión de estos fallos a todas las provincias, el desequilibrio de la Nación se intensificará. Esto puede desencadenar la crisis cambiaria que algunos pronosticaron si se salía del “cepo”.
Pero también puede ser la oportunidad para convocar a la Nación y las provincias a una discusión seria, racional y desapasionada sobre un nuevo régimen fiscal coherente con la organización federal que prevé la Constitución. Allí se deben incluir incentivos para las tres jurisdicciones del Estado a fin de mejorar la asignación y administración de los fondos públicos.
La apacible salida del “cepo” demuestra que con profesionalismo y credibilidad las políticas públicas racionales generan buenos dividendos. Sigue latente la contradicción entre la aspiración a tener una situación cambiaria estable y la masiva emisión monetaria. Esto marca la urgencia de instrumentar un rápido y equitativo replanteo de tarifas en servicios públicos y, en paralelo, iniciar el complejo pero vital proceso de diálogo que garantice con nuevas reglas fiscales un vínculo efectivamente federal entre la Nación y las provincias.
