En las empresas de Lambiris y de Michel también intervino la escribana Sara Celia Hurovich. Las sociedades comerciales en cuestión son L&L Mandatos y Negocios SRL y LW Logística y Carga (ver más abajo). La denuncia se produce en momentos en que el titular del organismo recaudador estaría orquestando una serie de maniobras para intentar garantizarse impunidad. Recientemente se conoció que Echegaray "relocalizó" a un total 25 funcionarios de alto rango sospechados de actos de corrupción.
La creación de empresas fantasmas, con domicilios falsos, es una práctica generalizada entre los funcionarios de la AFIP, tal como lo denunció en las páginas del matutino Hoy. Por eso, recién de forma posterior a la investigación realizada por nuestro diario, que puso de manifiesto que Sergio Raúl Vargas, el principal operador de Echegaray en los tribunales federales, y que es asesor de Echegaray en la AFIP, tenía una sociedad comercial trucha radicada en un edificio de departamentos de Neuquén, el titular de la AFIP firmó una resolución que impide a sus funcionarios ser titulares de empresas y les dio un plazo de un año para que se desprendan de sus sociedades comerciales.
Empresas sospechosas Según la denuncia presentada por Hoy, las empresas que vinculan a Salvatore con Palesa son: Katrine SA, Sacasi SA, KA&SO SA, LC Producciones SRL, CS Entertainment SRL, Lugin SRL, Libres del Sud 2079 SA, Anisa SRL, Gral Paunero 2256 SA, Milenio Bienes Raíces, Pure Visión SA, Automotores Los Alpes SA, Saint Maxime SRL, Aristóbulo del Valle 2480 SA, Milenio Motors SA, Maipú 250 SA, entre otras. En tanto, la firma de Palesa también aparece en las siguientes empresas de las que forma o formó parte Michel: La AGE SA, Rapp Collins Worldwide SA, Panza Verde SA, Comercializadora de Combustibles del Litoral SA, Sandebus Inversiones SA, Riga Transporte SA, WM Zurich, La Barranca de Gualeguaychú SA, CAF Jauser SA, PNA SA, Inspire Group SA y Flechas de Los Andes SA. También intervino en Baco Inversiones SA, una sociedad comercial entre Michel y el senador del Frente para la Victoria, Pedro Guastavino (renunció a la empresa en 2010). En tanto, se encuentra el singular caso de la firma Manos Digitales Animation Studio SA, que certificada por la escribana Hurovich en el año 2011 y que luego pasó a ser certificada por Florencia Valeria Coria. Uno de los aspectos principales de la denuncia se refiere a la entrevista realizada por el diario Hoy a Daniel Tunoni, presidente de la Cámara Pesquera Marplatense.
El empresario denunció que el titular de la AFIP Ricardo Echegaray y varios de sus funcionarios intentaron quedarse con la ex Ciccone. Así consta en un escrito presentado en la Juzgado Federal Nº 3 de esa ciudad y fue ratificado en una entrevista con el diario.
Cabe destacar que el camarista federal Eduardo Farah le pidió al juez Ariel Lijo que cite al titular de la AFIP a declaración indagatoria por su participación en el affaire Ciccone: la compra de la única empresa privada con capacidad para imprimir papel moneda en el país que había quedado en manos de presuntos testaferros del vicepresidente Amado Boudou.
En rigor, el requerimiento de Farah apunta a la médula del escándalo como es el hecho de que la AFIP otorgó un plan de pagos con una extensión extraordinaria de 12 años, aplicando una irrisoria tasa de interés, para cancelar una millonaria deuda impositiva que tenía la compañía, levantar la quiebra y sortear así el principal obstáculo que impedía que vuelva a ser contratada por el Estado. El juez Lijo, que dictó el procesamiento que alcanzó a Boudou y al entonces jefe de asesores de Echegaray, Rafael Resnick Brenner, había excluido al titular del organismo recaudador que ni siquiera fue citado a declarar en la causa. “Consideramos que el testimonio del arrepentido Tunoni podría cambiar el curso del proceso judicial.
Se trata del testimonio de un “arrepentido”, de alguien que fue parte de operaciones orquestadas desde la AFIP para perseguir críticos y opositores”, dice la denuncia. Tunoni denunció ante el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata lo siguiente: “Necesito explicarle (al juez) que Fernando Villaverde, Sergio Vargas, Resnick Brenner y Ricardo Echegaray fueron los que se quisieron quedar con Ciccone. Por eso el acto administrativo de la quiebra de dicha imprenta lo hicieron Villaverde y Resnick Brenner”. Según Tunoni, fue Fernando Villaverde, un estrecho colaborador de Echegaray tanto en la AFIP como en la ONCCA, quien le contó los detalles del plan que orquestaron para quedarse con la compañía. Así buscaron birlarle el negocio a Amado Boudou que, como se sabe, para quedarse con la fábrica de papel moneda había conformado una misteriosa sociedad llamada The Old Fund que tenía como apoderado al monotributista Alejandro Vandenbroele, otro de los procesados en el affaire.
Otro de los funcionarios mencionados por Tunoni es Sergio Vargas, quien actualmente es el principal operador judicial de Echegaray y habría conformado un grupo de abogados que se dedicó a defender represores de la última dictadura militar, motivo por el cual fue expulsado de la Marina –era capitán de navío- por parte la entonces Ministra de Defensa, Nilda Garré. Vargas fue compañero de Echegaray en el Liceo Naval de Ensenada y encontró refugio en la AFIP luego de haber sido expulsado de la Marina, tal como en su momento denunció el diario Clarín. Otro de los apuntados por el empresario pesquero marplatense es Julio Nieto, actual jefe del Departamento de Servicios al Ciudadano de la AFIP y operador político de Echegaray, quien lo había citado en un bar de Mar del Plata haciéndose pasar por un abogado, bajo el falso nombre de “Julio Contreras”.
Le habría dado 14 mil dólares para que se presentara a declarar a favor de Echegaray, en una causa contra el senador Luis Juez. Un testigo llamado Carmelo Impari ratificó los dichos del empresario pesquero marplatense. Tunoni Es un “arrepentido” cuyo testimonio es más que elocuente sobre el accionar mafioso que impera en el organismo recaudador. Una de las particulares de los negocios vinculados a funcionarios de la AFIP es el rol que cumplirían sus esposas. Según consta en la denuncia, por tantos años de trabajo junto a Ricardo Echegaray, tanto Luis María Capellano como Pablo Aguilera, secretario de Ingresos Públicos de la Nación y subdirector general Técnico de Legal Impositiva de la AFIP, se han metido en la familia del clan Echegaray.
Según fuentes consultadas por Hoy, serían quienes se encargan de hacer la ingeniería en varias empresas que estarían radicadas en el exterior. Las fuentes hablan que, a fines del año pasado, Aguilera viajó a París junto a su mujer Verónica Elizabeth Zonino, que actuaría como testaferro de su marido en el exterior, para cerrar una importante operación inmobiliaria. Su situación patrimonial habría crecido exponencialmente en los últimos años ya que llamativamente pasó de tener un departamento de 88 metros cuadrados a otro de 188 metros cuadrados, en la mejor zona de Recoleta, en el pulmón más caro de Capital Federal. Ana María Barquero, la esposa de Capellano, también actuaría como una suerte de prestanombre. Barquero es una monotributista categoría B y recién en 2014 -con 56 años de edad- declaró como actividad principal en la AFIP la de prestar servicios inmobiliarios. Un dato por demás llamativo es que tanto Barquero, Zonino y la esposa de Echegaray, Silvana Karina Oviedo, habrían coincidido en Miami el año pasado. Aparentemente, tendrían interés en la inversión de un departamento de lujo en Sunny Isles, con la arquitectura de Cesar Pelli. El inmueble en cuestión estaría ubicado en la Torre Armani, donde los departamentos más económicos están valuados en más de 1,3 millones de dólares.
