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Procesaron al jardinero de Cristina e iría a juicio

Ricardo Barreiro, el empresario santacruceño y ex jardinero de la residencia presidencial de El Calafate (Santa Cruz), tenía un contrato con el gobierno y era, al mismo tiempo, proveedor del Estado. La Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná confirmó su procesamiento por el delito de falsificación ideológica de documento público. Podrían avanzar otras causas.
25 de noviembre de 2014 - 15:42

PARANA (U24 Entre Ríos). Los jueces José María Chemez, Miguel Ángel Giorgio y Elvio Garzón rechazaron la apelación promovida por la defensa de Ricardo Barreiro, ex jardinero de la presidente Cristina Fernández, contra el procesamiento dictado por el juez Humberto Franchi. En principio los jueces de la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, consideraron que “el argumento defensivo de que Barreiro desconocía que era funcionario público de la provincia de Entre Ríos es insostenible a la luz de la lógica y la experiencia”.

En su indagatoria, Barreiro negó haber sido contratado como asesor cultural de la provincia y, a pesar de que su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial, sus defensores, Raúl Barrandeguy, (ex diputado nacional por el Frente para la Victoria) y Candelario Pérez, aseguraron que el jardinero nunca fue notificado de la designación. Para los jueces, sin embargo, “Barreiro sabía de la propuesta para ser designado formalmente (como) funcionario público ad honorem y la aceptó”, según expusieron en su fallo del 10/11 al que accedió la web Página Judicial.

Barreiro figura en los registros oficiales en el Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia, como coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer) desde el 15 de agosto de 2012. Fue designado a través del Decreto Número 2.693 firmado por el gobernador Sergio Urribarri y el ministro de Comunicación (y algo de Cultura), Pedro Báez. A la vez, tanto él como su empresa RP Transportes SA figuran en el Registro de Proveedores de la provincia desde el 15/10, es decir, dos meses después de su designación. 

En ese trámite es que presentó una declaración jurada donde aseguró que ninguno de los integrantes de la firma se desempeñaba como funcionario o empleado de la administración pública. Y la empresa fue contratada para trasladar estudiantes secundarios de escuelas públicas de Paraná hasta el complejo de Tecnópolis. Por esos viajes cobró $220.000.

Con esos elementos, el abogado penalista Guillermo Mulet lo denunció penalmente en agosto de 2012. 

“Prueba irrefutable a los efectos de reforzar aún más el convencimiento de que Barreiro no desconocía que había sido funcionario por Decreto N°2.693 es el hecho de que él reconoce que tomó conocimiento de la licitación del Ministerio de Turismo para el alquiler de unidades para el transporte de alumnos a Tecnópolis ‘en ese transcurrir de ida y vuelta’ a la provincia; llamado a licitación pública que fue publicado en el Boletín Oficial de fecha 26 de septiembre de 2012, en la página 21, casualmente el mismo día que se publicó el decreto de su designación en la página 5”, consignaron los jueces en su fallo. “Es ilógico pensar que el funcionario-empresario se haya enterado de la licitación pública, pero nadie le haya avisado que el gobernador lo había designado por decreto (como) coordinador de Relaciones Institucionales del Ceiser”, agregaron.

El tribunal también hizo hincapié en que “la falsedad insertada en el instrumento público poseía capacidad para perjudicar los intereses de un tercero, y efectivamente tal perjuicio se consumó y quedó demostrado desde el momento en que Barreiro ganó una licitación pública respecto a la cual tenía legalmente vedado presentarse por ser funcionario”. 

Por eso el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull también deberá investigar si Barreiro no incurrió, además, en negociaciones incompatibles con la función pública, por su doble rol de funcionario y proveedor del Estado.

El avance de esta otra parte de la causa podría acarrearles un serio problema al gobernador Urribarri y a su ministro Báez, sobre quienes podría recaer la figura penal de mal desempeño de funcionarios públicos, por haber sido quienes nombraron al funcionario y luego lo contrataran para prestar servicios.

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