"No pueden hacer este bochorno que se vio en estos días", añadió el senador, en referencia a la protesta policial que derivó en una ola de saqueos en diferentes provincias, que dejó como saldo al menos 16 muertos.
Fernández aclaró que no cuestiona el reclamo policial sino el modo de protestar. "El reclamo puede ser legítimo, lo que cuestiono severamente es la forma. Tienen que respetar la democracia", explicó.
Además, señaló que para canalizar los reclamos de las fuerzas de seguridad "tiene que haber una alternativa en términos administrativos".
Fernández resaltó que no acepta la sindicalización de la policía y criticó la protesta policial ocurrida en todo el país. "Esto no va a suceder más porque va a haber sanciones", indicó.
Por otra parte, sostuvo que la democracia "se debe una reforma de todas las policías".
Recordemos que este miércoles, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la Casa Rosada sumó siete proyectos de ley al temario de las sesiones extraordinarias, entre los que figuran la creación de tres nuevas universidades y una iniciativa que establece “penas específicas” para aquellos efectivos de fuerzas de seguridad que “abandonen injustificadamente” su servicio.
Este proyecto de ley que castiga a los oficiales establece penas de hasta 12.500 pesos e inhabilitación de hasta ocho años.
La iniciativa incluída en el temario de sesiones extraordinarias fue presentada el miércoles pasado por el senador nacional Aníbal Fernández, en medio del conflicto social desatado por las protestas policiales y los saqueos a comercios de distintos puntos del país.
En concreto, el proyecto modifica el artículo 252 del Código Penal, el cual dirá: “será reprimido con multa de 750 pesos 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público”.
Asimismo establece que el oficial “que a sabiendas abandone injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omita la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena”.
La medida refiere a los miembros de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de una “agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas”.
“Si, como consecuencia del abandono u omisión tipificado se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos”, agrega el proyecto del legislador kirchnerista.
Fernández también contempló el caso de las Fuerzas Armadas, al establecer que “el militar que abandone su servicio, su destino o que deserte en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de uno a seis años”.
Y de manera similar al caso de las fuerzas de seguridad, indica que “si como consecuencia de su conducta resulta la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a 12 años”.
“En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito con pena más grave”, determina el proyecto.
