Lo que no se menciona es que el desalojo pudo ocurrir antes si el Ejecutivo Nacional no se hubiese negado a prestar apoyo al Gobierno de la Ciudad, especulando conque así le asestaría un formidable mandoble político, tal como ocurrió días atrás con el gobierno de la Provincia de Córdoba.
Tampoco se menciona que muchos de los que llegaron al Indoamericano fueron instigados por militantes políticos, en algunos casos, y por especuladores inmobiliarios de los barrios de emergencia cercanos, en otros casos.
Y vale la pena reiterarlo: los vecinos al Parque exigían recuperarlo porque no era la forma de resolver una supuesta crisis habitacional.
Algo más: el tema de la inmigración ilegal desde países vecinos sigue sin resolverse, 3 años después.
Autogobierno policial
"Hace tres años, la toma del Parque Indoamericano de la Ciudad de Buenos Aires, luego contagiada a otras tierras de la Capital y del conurbano, junto a estampidas en la terminal de trenes de Constitución, motivaron la creación del Ministerio de Seguridad y el nombramiento de Nilda Garré como titular de la cartera", recordó
Gabriel Profiti, de la agencia Noticias Argentinas.
Él agregó. "La hipótesis oficial en aquel momento era que el "autogobierno" de las fuerzas de seguridad, controladas por Aníbal Fernández, favorecía la irrupción de la violencia organizada. (N. de la R.: ¿Qué se hizo hasta ahora, cuando se vuelve a hablar de lo mismo?)
Los acuartelamientos policiales habían aparecido hasta ahora de manera aislada en provincias como Santa Cruz, Corrientes o Misiones en los últimos años, pero nunca como dominó.
En diciembre de 2013, el acuartelamiento surgió en Córdoba y se extendió a otras provincias como La Rioja, Catamarca, Neuquén y Río Negro, lo que favoreció la irrupción del rostro miserable del saqueo.
La crisis recibió a la flamante ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, designada por Cristina Kirchner, justamente para darle mayor operatividad a la cartera.
En principio, los roles no cambiaron. Al igual que su antecesor, Arturo Puricelli, la ministra dejó el protagonismo ante la crisis a su número dos, Sergio Berni.
Habrá que hurgar ahora sobre las causas de la revuelta policial masiva. El reclamo en superficie está basado en salarios muy bajos, para una profesión de alto riesgo, en la que el que se juega la vida al menos debe ser bien remunerado.
Subyace en estos reclamos el debate sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad hasta ahora prohibida. Pero más allá de esta cuestión, el procedimiento fue irresponsable e inoportuno. Debería redactarse un protocolo para que las fuerzas de seguridad puedan reclamar sin propiciar el descontrol."
El contrato social
"El síntoma social que expresó la crisis de seguridad en Córdoba capital no es bueno. Todo lo contrario, es muy malo. Como sucedió con la toma de los terrenos del Parque Indoamericano, al sur de la Capital Federal, en diciembre de 2010, que derivara en la creación del Ministerio de Seguridad nacional, o con los saqueos hace un año en Bariloche, los ciudadanos argentinos quedaron enfrentados entre sí y el hombre fue "el lobo del hombre" porque el Estado falló como articulador de los intereses colectivos.
Valga decir que no falló una vez sino de forma persistente y en un tiempo continuado que se puede traducir en décadas.
La consecuencia que hoy se nos impone es una sociedad que se roba y que se lincha a sí misma porque los valores trascendentales están rotos e impera el resentimiento y la desconfianza.
Tambalea el contrato social.
Sin dudas estos hechos tienen también situaciones detrás que son estrictamente políticas y coyunturales.
La política como el peor fantasma de la sociedad queda al desnudo en estos episodios de violencia colectiva, que la mayoría de las veces se montan sobre reclamos justos de los sectores de la sociedad más postergados.
En el primero de los casos mencionados, punteros políticos K y macristas se enfrentaron en un cruce de operaciones que derivó en el acampe en el Indoamericano de familias humildes que tenían por objeto conseguir una vivienda digna. Esto fue seguido por la represión de las dos policías -la Federal y la Metropolitana- tres muertes y por los ataques de los vecinos de clase media a grupos históricamente estigmatizados como los inmigrantes bolivianos.
Este martes y miércoles las cámaras de TV mostraron a grupos de saqueadores que, aprovechando la huelga de la policía cordobesa, tomaron casas y comercios por asalto. Como en Bariloche, los botines no eran sólo alimentos sino más bien elementos de valor.
Como contrapartida, vecinos armados con palos y revólveres se lanzaron a perseguir a sus "enemigos", en muchos casos familias enteras que viven a pocas cuadras de ellos.
En esta narración hace falta advertir que hay un elemento de distorsión social que antes no aparecía tan claramente como ahora: las bandas narco como grupo de poder haciendo pie en las barriadas más humildes, allí donde la acción policial está limitada por su propia incapacidad o por la connivencia con los negocios de los narcos.
Si la política, en su peor cara, tuvo alta responsabilidad en todo esto, es entonces por omisión y por acción.
Tal como señalaron los obispos católicos hace menos de un mes, este avance de los narcos no puede suscitarse sin el visto bueno de los poderes Ejecutivos, sin la complacencia y complicidad de las Policías. De otra forma, sería imposible. (...)".
Promesas incumplidas
"Ayer se cumplieron tres años de la ocupación del Parque Indoamericano en la conurbanizada zona sur de la Ciudad Autónoma, donde se concentran la mayor cantidad de población por debajo del índice de pobreza, el más alto porcentaje de hogares hacinados, los mayores índices de precariedad en la construcción y de falta de acceso al agua de red y cloacas. Su motivo transparente fue el déficit habitacional, que afecta a cerca de medio millón de personas en la Capital y que permanece sin solución. La causa por la represión policial que causó la muerte de tres personas, no avanza. En cambio sí progresa la de la justicia porteña por usurpación contra los referentes sociales que en el peor momento de la crisis lograron abrir el diálogo con las autoridades políticas. La Nación y la Ciudad anunciaron entonces un plan conjunto de viviendas, pero tres años después ni siquiera definieron en qué terrenos se edificarían. Esta semana se cumplió además un año de la promulgación de la ley bonaerense de hábitat y vivienda, un moderno instrumento de regulación del uso de la tierra, que sin avasallar los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, contempla también la problemática angustiante de la vivienda popular. Pero el gobierno provincial primero resistió su sanción, luego demoró su publicación en el Boletín Oficial y aún no la reglamentó, con lo cual es como si no existiera. Ese es el problema central que nadie enfrenta y que torna tan vergonzoso como incomprensible que el gobierno nacional haya suprimido la función social de la propiedad del proyecto de reforma, unificación y modernización de los códigos civil y comercial de la Nación."
