La causa que se abrió a partir de la denuncia tiene el número 9070/2013 y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional 4, a cargo de Ariel Lijo.
Los acusados son Joseph Lewis (millonario norteamericano, dueño de grandes estancias en el sur), Sergio Grosskopf (uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país, ex dueño de Alto Palermo, entre otras propiedades), Marcelo y Damián Mindlin (Grupo Dolphin, Pampa Energía, Edenor) y Pablo Peralta y Roberto Dominguez (propietarios del BST), entre otros.
En 2011 Mindlin acordó vender su participación del BST nuevamente a Peralta y Dominguez. La compra fue por $ 150 millones; la venta, por $ 50 millones. Pero la desinversión aún no fue autorizada por el Banco Central. Fuentes cercanas a la operación creen que la venta es la que pudo haber disparado la denuncia de la Procelac.
En su denuncia la Procelac describió un entramado de sociedades abiertas en paraísos fiscales que participaron de la compra del BST con la intención de ingresar dinero negro al mercado legal. El expediente de la Procelac fue abierto en base a varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) realizados por la Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En la denuncia relatada por Evers se señala la particularidad de que "la mayoría de las sociedades utilizadas al efecto fueron constituidas días o semanas antes de las fechas en que fueron empleadas para adquirir parte del paquete accionario del "Grupo ST", la mayoría contaba con un capital social insignificante y muchas de ellas eran sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales".
