La iniciativa fue aprobada en el 31/08 de 2011 en el Senado, esta fue la segunda oportunidad en la que fue aprobada, ya que previamente al no ser tratada había perdido estado parlamentario en la Cámara baja.
“Sabemos que tiene dictamen en una de las comisiones a las que fue girada en Diputados, sin embargo desde noviembre del año pasado está parada en la comisión de familia, mujer, niñez y adolescencia”.
El 22/05 pasado, la senadora por Salta pidió al presidente del Senado, Amado Boudou y a los presidentes de todos los bloques parlamentarios “que hicieran gestiones y pidieran a los diputados nacionales que conviertan en ley, en forma urgente, el proyecto en cuestión”. El pedido fue respaldado por el presidente de la bancada oficialista del Senado, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, quien reconoció que se trata de un proyecto “por el que vienen bregando, desde hace tiempo, las Madres del Dolor”. El proyecto
El proyecto propone crear un registro de datos genéticos para facilitar el esclarecimiento de delitos sexuales, “ya que en estos casos las pruebas genéticas son definitorias”, explicó Escudero. Funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y almacenará datos provenientes de dos fuentes: “contará con datos genéticos de personas condenadas con sentencia firme y también con información biológica recogida en la escena del crimen o de la víctima del delito”, aclaró la senadora por Salta, Sonia Escudero.
Su acceso será restringido a miembros del Ministerio Público Fiscal, a jueces y a tribunales de todo el país en el marco de una causa judicial por delitos contra la integridad sexual.
Los datos de los condenados que constarán en el registro serán los siguientes: nombre y apellido; apodos, seudónimos o sobrenombres; foto actualizada; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; documento de identidad; domicilio actual -para lo cual el condenado, una vez en libertad, deberá informar los cambios de domicilio-; y la información genética. La información será almacenada durante 100 años, contados desde el inicio de la causa judicial.
