Tras el ingreso de Odebrecht, Conduit Capital Partners, que presentó la iniciativa privada para llevar gas natural desde la zona de Camisea (en la provincia cusqueña de La Convención) hasta las ciudades del Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, se quedó con el 49% del proyecto.
El proyecto demanda una inversión de US$ 1.500 millones.
Desde entonces, la cuestión es obtener la financiación necesaria.
Kuntur Odebrecht imaginó un mix de aportes, y la izquierda peruana comenzó a cuestionar cualquier participación del Estado peruano en la financiación.
La novedad es que el Gobierno peruano planifica licitar la construcción y concesión de un 2do. gasoducto en una ruta similar, una inversión presupuestada en US$ 1.800 millones, afirmó el ministro de Energía y Minas peruano, Jorge Merino.
El gasoducto nacerá en las reservas de gas de Camisea, en la selva del país, e irá hasta la costa en la región sureña de Ilo, pasando por Cusco y Arequipa.
¿Por qué es un proyecto más oneroso?
Junto a la construcción del nuevo gasoducto de al menos 1.000 kilómetros, el Gobierno planea desarrollar un complejo energético en la costa con plantas térmicas de entre 1.700 megavatios y 2.000 megavatios, y una planta térmica en Cusco con capacidad de 200 megavatios, dijo Merino. El complejo energético ves de la estatal, Electroperú en asociación con firmas privadas a través de una concurso público, precisó el ministro.
Pero la financiación para la construcción del gasoducto que anunció Merino provendrá de los contratos de suministro de gas y de las tarifas públicas de energía, que registrarán un aumento "temporal" del 4%.
Según fuentes del Gobierno consultadas por Reuters, el Gobierno decidió licitar el futuro "Gasoducto Sur Peruano" porque "Depender de un solo tubo de gas pone al sistema eléctrico nacional en una situación de incertidumbre", dijo el ministro.
El funcionario precisó que el proyecto nuevo se abastecerá principalmente del Lote 88, controlado por un consorcio liderado por la argentina Pluspetrol/Camisea. Asimismo podría comprar gas del lote 57 de la brasileña Petrobras y del lote 58 de la española Repsol y Petrobras, que tiene una alianza con Odebrecht.
En danza hay 3 billones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) de gas natural: 2 TCF provienen del lote 58 de Petrobras, y 1 TCF proviene del lote 88, operado por Pluspetrol, y perteneciente al Consorcio Camisea.
"La realidad es que en el sur de Perú, en la zona de Malvinas (Cusco) hay suficiente gas, en los próximos años van aparecer más gas, se estima que hay entre 50 y 60 TCF, hay bancos muy importantes y siguen las exploraciones", dijo Merino.
Durante años la capacidad eléctrica en Perú se ha concentrado en el centro del país con gas proveniente de Camisea, una zona amenazada por el grupo guerrillero Sendero Luminoso. El norte y el sur, donde hay proyectos mineros vitales para la economía local, han estado huérfanos de inversiones.
A la pregunta de que si con el plan lanzado por el Gobierno, Odebrecht podría desistir de su proyecto, Merino fue ambiguo: "El gasoducto de Kuntur (controlado por Odebrecht) es privado (...) y por tanto ellos están en todo el derecho de poder ejecutar o no su proyecto, pero tienen el derecho también, si lo creen conveniente, de participar en los concursos que nosotros vamos a llevar adelante", afirmó el ministro.
Merino indicó que el proyecto de Odebrecht depende mucho de la certificación de las reservas y de plazos para el financiamiento, variables que no controla el Estado.
"Esta nueva alternativa no depende de la certificación de reservas (...) nosotros vamos a controlar los tiempos", dijo.
Merino dijo que para el polo petroquímico en el sur de Perú, han mostrado interés empresas coreanas, japonesas, chinas y canadienses. "Y, obviamente las empresas brasileñas, que tienen mucha experiencia. Ojalá que participen (en las licitaciones), nosotros no tenemos ninguna discriminación con ninguna empresa que vengan a hacer inversiones en el país", dijo.
Braskem es una poderosa petroquímica que controla Odebrecht.
El Gasoducto Andino del Sur sigue siendo atractivo, pese a la presencia del etanoducto, de acuerdo al director superintendente de Odebrecht, Jorge Barata, quien agregó que “el proceso de concesión no obliga al Estado a ninguna exclusividad”.
“Todos los proyectos alternativos generan competencia. Esto disminuye el margen de viabilidad del negocio, pero es un derecho del Estado buscar alternativas. Es como hacer 2 vías para transportar los mismos autos”, opinó.
¿Y si todo fuese una presión del Gobierno peruano para concretar cuanto antes el Gasoducto Andino del Sur?
Barata mencionó que están esperando la certificación de las reservas adicionales de gas en los lotes 57 y 58. Una vez que se cuente con esa certificación, dijo que realizarán la estructuración financiera del proyecto, proceso que podría demorar entre 1 año y 18 meses.
“No tenemos una fecha definida para la certificación. Entiendo que están trabajando durísimo para lograrlo”, señaló Barata.
