Ya se descuenta que el gobierno porteño judicialice el asunto y lleve su reclamos a la Corte Suprema de Justicia. Pero, la polémica desatada trae nuevamente a relieve la discusión por la autonomía de la Ciudad. Nada de esto estaría ocurriendo si la justicia federal ya hubiera sido transferida a la órbita de la Capital. Es un tema pendiente sobre el que el ejecutivo porteño no avanzó en estos años.
¿A qué se debe esta mora? Probablemente tenga que ver con un problema presupuestario. El Gobierno Nacional es reticente a realizar transferencias sin los recursos que deben incluirse en el paquete de la coparticipación. Ya lo demostró con el caso de la Policía Federal, por lo que la Ciudad prefirió crear un cuerpo de seguridad propio, más pequeño y sin mucho alcance.
Actualmente, el Frente para la Victoria se propone a acelerar el pase de juzgados civiles a la jurisdicción de la Ciudad. La tranferencia ya había comenzado con la sanción de la ley 26.702, sancionada en septiembre de 2011, que establece el pase de "la competencia para investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Ahora, tanto en Diputados como en Senadores se presentaron inciativas para el traslado de las competencias judiciales en materia civil, Patrimonial, Familia, de Estado Civil y Capacidad de las Personas, con excepción de materia Federal, al ministerio Público y jueces competentes de la Ciudad.
En el caso de aprobarse esta ley, que tiene como principales impulsores al diputado Carlos Kunkel y al senador Daniel Filmus, el Banco Ciudad recuperaría el flujo de depósitos judiciales ya que la justicia federal pasaría a la órbita porteña.
No es un tema de fácil implementación. Sobre todo si se avanza en la transferencia sin los recursos correspondientes. El gobierno porteño deberá montar una estructura que demandará un gran presupuesto.
Ante esto se abre el interrogante sobre qué es lo que más le conviene a la Ciudad: quedarse sin el flujo de depósitos en el Banco Ciudad o la transferencia de la justicia que le demandará ampliar su presupuesto. No hay muchas opciones. El gobierno de la Ciudad no podría rechazar dicho traspaso, porque es uno de los temas que hace a su autonomía, tal como dicta la Constitución porteña, sancionada en 1996.
