El caso más conocido y polémico era el de Global Exchange, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.
Grupo Global Exchange tiene una red de oficinas de cambio y junto a su controlada Globo Cambio, opera en la Argentina, Costa Rica, España, Guatemala, Israel, Jamaica, Marruecos, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad & Tobago, y Uruguay.
La decisión se adoptó "a partir de un relevamiento conjunto realizado por el BCRA, la UIF (Unidad de Información Fananciera), la Afip (Administración Federal de Ingresos Púiblicos) y el Orsna (Órgano Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos), que aconsejó avanzar con nuevas medidas destinadas a afianzar la prevención de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en terminales portuarias y aeroportuarias".
De este modo, "con el objeto de facilitar tareas de coordinación en materia de seguridad en los ámbitos mencionados, se resolvió requerir a las entidades financieras públicas que mantengan allí casas operativas que cuenten, en cada una de ellas, con un oficial de coordinación con idoneidad y atribuciones suficientes para interactuar con los distintos organismos públicos que cumplen funciones en los puertos y aeropuertos internacionales".
"Prácticas abusivas". El Directorio del BCRA también "tuvo en cuenta que se detectaron prácticas abusivas de entidades privadas que operan en diferentes terminales que perjudican notoriamente a los turistas. Entre estas prácticas se verificó el pago de precios por la compra de moneda extranjera muy inferiores a los habituales de mercado, lo cual afecta a los viajeros que arriban" al país y "perjudica el desarrollo del turismo".
"Este tipo de comportamientos resulta abusivo y lesiona derechos de los usuarios de servicios financieros. La reciente modificación de la Carta Orgánica otorga al BCRA facultades para proteger a los usuarios de servicios financieros y dictar medidas consecuentes con esa finalidad, como la que aprobó hoy el Directorio, que prestó especial consideración al hecho de que las entidades públicas propenden, a diferencia de las privadas, a la consecución de fines de interés general entre sus objetivos", explica el BCRA en otro tramo.
De tal modo, "los tipos de cambio minoristas comprador y vendedor ofrecidos por cada entidad pública autorizada a operar en las jurisdicciones citadas deberán ser uniformes para todas las sucursales de la entidad en la ciudad de Buenos Aires y, en el caso de las casas operativas instaladas en puertos y aeropuertos internacionales, respecto de las radicadas en la ciudad capital de la provincia respectiva".
El Banco Central agregó que "adicionalmente las entidades públicas autorizadas para operar en establecimientos portuarios y aeroportuarios deberán brindar, según la demanda proveniente del tráfico de cada terminal, un servicio continuo a los usuarios. Las entidades dispondrán de un plazo de hasta 30 días corridos para dar cumplimiento a esta previsión".
El Central señaló que "en función de las razones de seguridad y prevención de riesgos antes mencionadas, se resolvió que las entidades públicas que operen en las terminales podrán realizar allí operaciones de compra de moneda extranjera a no residentes por importes de hasta 500 dólares o su equivalente en otras monedas, por cliente y por estadía".
