El STF, máxima instancia judicial del país, aceptó así el pedido del abogado general de la Unión, Luis Inácio Adams, que representa los intereses del Estado ante la Corte Suprema, para reanudar las obras.
Las obras de Belo Monte, a un costo estimado de US$ 13.000 millones, deben ser reanudadas "para que se evite la ocurrencia de daño notable e irreparable al patrimonio público, al orden administrativo, al orden económico y a la política energética brasileña", señaló Adams en un documento enviado al STF el viernes pasado, reclamando que juzgue el caso.
El 14/08, el tribunal regional federal de la primera región, en Pará, ordenó por unanimidad suspender la construcción de la usina al considerar que comunidades indígenas asentadas en los márgenes del río, que será desviado para su construcción, no fueron escuchadas en el Congreso antes de que se iniciaran las obras en junio de 2011.
Las obras de Belo Monte están paralizadas desde el 23/08, según la fiscalía general de Brasil.
Las comunidades indígenas asentadas en los márgenes del río Xingú se oponen a la represa por su alto impacto en actividades como la pesca, si bien la hidroeléctrica se construye fuera de sus territorios.
Con 11.200 MW de potencia (cerca de 11% de la capacidad instalada del país), la represa fue planificada para ser la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, detrás de Tres Gargantas, en China, e Itaipú, en la frontera de Brasil y Paraguay.
El proyecto prevé la inundación de 502 km2, además del desvío del río Xingú, afluente del Amazonas. Las obras se iniciaron en junio de 2011, tras décadas de controversias, y se espera que la primera turbina entre en operación en 2015 y la última en 2019.
Poco antes del anuncio del STF, la fiscalía general de Brasil pidió este lunes al máximo tribunal que mantuviera la paralización de las obras.
El fiscal general Roberto Gurgel advirtió que si la Corte "permite que la obra de Belo Monte tenga continuidad, estará en la práctica afirmando que no hay necesidad de que el Congreso oiga a los pueblos indígenas sobre los emprendimientos en sus tierras".
"Aún hay tiempo para que el Congreso Nacional promueva la audiencia de esas comunidades y delibere adecuadamente. Pero en la medida en que la obra avance, más remota estará esa posibilidad", añadió Gurgel.
Preocupación
La semana pasada, el Tribunal Regional Federal de la 1° Región (TRF-1) determinó la suspensión de la construcción de la planta alegando que el Congreso Nacional debe consultar a los indios de la región sobre el impacto del proyecto.
La decisión del juez federal Souza Prudente se basó en la Constitución brasileña y en la legislación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para pedir la interrupción de las obras.
Según el Foro Regional de Desarrollo Económico y Socioambiental de la Transamazónica y Xingu (Fort Xingu, una organización no gubernamental que simpatiza con las empresas que ganarán dinero con la construcción de la represa), la región podrá “sufrir serios problemas de orden económico, social y ambiental”, en caso de que se mantenga la interrupción de las obras.
“La paralización de las obras de construcción de la planta, además de ser una grave demonstración de inseguridad jurídica para los emprendedores privados interesados en invertir en el avance de la infraestructura en el país, constituye un retroceso en el proceso de mejora de la matriz energética brasileña en lo que respecta al medio ambiente”, afirmaron los representantes de la institución.
Los empresarios dijeron que la paralización significa frenar también acciones como el Plan de Desarrollo Regional Sustentable del Xingu (PDRSX), programa que prevé R$ 500 millones en inversiones de los emprendedores responsables por la central. “El sector empresarial de la región podrá sufrir con un proceso de falencia en masa, porque la mayor parte invirtió mucho para atender la demanda generada por la construcción de la planta”, comentó la institución.
