En la víspera, vestido con toga negra y magas de encaje blanco sobre una camisa y una corbata claras, el juez Garzón, de 56 años, escuchó con semblante serio las alegaciones de su abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, quien se quejó de faltas de procedimiento en este juicio en el Tribunal Supremo de Madrid.
El juez, que adquirió notoriedad internacional en 1998 cuando dictó una orden internacional de detención del ya fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, se sienta en el banquillo acusado de los delitos de prevaricación y vulneración de las garantías constitucionales.
Las acusaciones piden hasta 17 años de inhabilitación, lo que supondría el fin de su carrera como magistrado. La Fiscalía, crease o no, solicita la absolución por entender que no hubo delito.
El juicio que este lunes (16/01) comenzó en el Tribunal Supremo es la primera de 3 causas abiertas a Garzón, que será juzgado a partir del día 24/01 por haberse declarado competente para la Guerra Civil Española (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75), pese a la existencia de una ley de amnistía aprobada en España en octubre de 1977.
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Garzón está siendo investigado en un tercer caso, relativo a la desestimación de una querella por delito fiscal contra el banco Santander, después de que esta entidad financiase, junto a otras, unos cursos que el juez impartió en 2005 y 2006 en Nueva York.
Se recuerda que el magistrado fue suspendido de su cargo en la Audiencia Nacional en mayo de 2010 por estos procesos.
En la actualidad, Garzón se desempeña como asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luís Moreno Ocampo, y es consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia. El pasado 6/07 fue elegido miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.
Su juicio ha despertado una gran expectación tanto en España como en otros países, especialmente en Latinoamérica donde es muy conocido, y es seguido con un amplio despliegue tanto por los medios españoles como por los extranjeros. En la Argentina, Garzón es fetiche de la Administración Kirchner por su desempeño en el área de los derechos humanos.
Decenas de simpatizantes de la Plataforma "Solidarios con Garzón", que agrupa a organizaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, artistas e intelectuales, expresaron su rechazo al juicio ante la sede del Tribunal Supremo por considerar que se trata de una "persecución política", “un linchamiento” dicen otros.
El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Galardón, afirmó que "los jueces no deben ser nunca objeto de contaminación política" al ser preguntado en una entrevista con la cadena de radio Onda Cero por el juicio, en la que se declaró convencido de que la resolución del Tribunal Supremo será motivada "única y exclusivamente" por los hechos probados.
En la primera jornada, Garzón declaró que ordenó las grabaciones en la cárcel entre los imputados de la trama "Gurtel" y sus abogados para evitar que continuaran blanqueando dinero desde su lugar de reclusión. Una confesión que probablemente le juegue en contra porque sabido es que, especialmente para un juez, el fin no justifica los medios.
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Sin embargo, un mando policial que intervino las conversaciones de imputados en el caso Gürtel y sus abogados en prisión por orden de Baltasar Garzón ha asegurado hoy (18/01) que el magistrado requirió que el derecho de defensa fuera la "cláusula" por la que debían guiarse en las intervenciones.
Ha explicado que, para llevar a cabo esta tarea, la dinámica de trabajo consistía en excluir de las escuchas las que entendían que estaban "dentro del círculo privado de las personas", por lo que se aportaban solo aquellas relacionadas con el hecho investigado.
Sin embargo, ha recalcado que el magistrado decretó salvaguardar el derecho de defensa en la resolución en la que ordenaba interceptar las conversaciones. "Era la cláusula por la que nos teníamos que guiar en las intervenciones", ha insistido el agente, propuesto como testigo tanto por las acusaciones como por la defensa de Garzón, y que ha puntualizado que en un primer momento tuvieron que preguntar al juez para que aclarara como hacerlo.
De esta forma, y gracias a la "fluidez de relación y comunicación" que existía con el magistrado, Garzón les precisó que él "asumía el rol a la hora de valorar lo que pudiera o no afectar" al derecho de defensa. Al constatar la Policía que la actividad de la organización delictiva continuaba, ahora encaminada a la ocultación de su patrimonio, los agentes transmitieron verbalmente a Garzón la conveniencia de mantener intervenidas las conversaciones de Correa y de Pablo Crespo, ya detenidos.
Un criterio que, ha subrayado, a veces es "difícil poder llevarlo a la práctica", porque en comunicaciones largas suelen cruzarse los temas, por lo que deben "mantener pequeños giros" que, aunque ajenos a la investigación, son necesarios para dar sentido lógico a la transcripción.
Por su parte, el abogado Ignacio Peláez, autor de la querella contra Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel, ha admitido hoy que no comunicó al juez que iba a entrevistarse en la cárcel con los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, pese a que el reglamento penitenciario así lo requiere.
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Garzón está imputado de "uso de instrumentos de escucha y grabación en violación de las garantías constitucionales" en la investigación del escándalo de corrupción que a principios de 2009 implicó a altos cargos del conservador Partido Popular (PP), que gobierna España desde diciembre por lo que la relación con el gobierno de Mariano Rajoy es altamente conflictiva:
De hecho, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha comentado este martes (17/01), ante el inicio del juicio a Baltasar Garzón por presunta prevaricación por grabar conversaciones de los abogados de los acusados en la trama 'Gürtel' que "la ley es igual para todos" y que nadie tiene "patente de corso" para transgredirla.
"Si hay un juez que ha incumplido la ley y hay otros jueces que determinan que es posible que haya incumplido la ley, tiene que ser juzgado y serán los tribunales en virtud de las acusaciones y las defensas quienes determinen si la ha incumplido o no la ha incumplido", ha señalado Hernando en una rueda de prensa en el Congreso.
En este contexto, ha enfatizado que un Estado de Derecho como el español la ley no hace distingos y es "igual para todos, desde el último hasta el Rey y desde el que menos recursos jurídicos tiene hasta un juez o un magistrado".
Por eso, ha insistido en que si hay un juez que presuntamente ha incumplido la ley "tiene que responder ante los tribunales de la misma forma que el común de los ciudadanos".
El PP obviamente se queda en la investigación a Garzón pero no en la investigación "de" Garzón que apuntaba a una trama corrupta que tenía al PP como actor principal. Y la oposición lo hace notar:
"Estamos ante un hecho que avergüenza a la democracia española, a la justicia y al propio Tribunal Supremo que es juzgar a un inocente, en primer lugar por haber querido juzgar al franquismo y también por haber querido luchar contra la corrupción", consideró el diputado ecolocomunista Gaspar Llamazares, a las puertas del tribunal.
Casi un centenar de personas se manifestaron allí para expresar su apoyo a Garzón. "Tapan sus delitos echando a Garzón", gritaron al recibir con aplausos la llegada del juez, quien entró en el juzgado sin hacer declaraciones. Las alusiones, obviamente, están dirigidas al Partido Popular.
