Jubilaciones: Kirchner está satisfecho pero no hubo resarcimiento
Mario Wainfeld en el diario
"El Gobierno se ha comprometido a invertir miles de millones para ir saneando el Riachuelo y para aumentar todas las jubilaciones. Así lo hizo público durante esta semana, en ambos casos forzado por precisas intervenciones de la Corte Suprema de Justicia.
(...) Desde que empezó a trabajar con su actual composición la Corte tuvo entre ceja y ceja ir reparando daños generados por la desaprensión característica de lo que, por simplificar, se suele llamar neoconservadorismo. La vigencia de las leyes de la impunidad ulteriores a la violación de derechos humanos durante la dictadura era un ejemplo central, pero no fue jamás el único en la concepción de los jueces supremos. La vulneración de la movilidad de los jubilados y la prelación del medio ambiente también integran una nómina (aún inconclusa) de derechos básicos desbaratados.
La Corte viene enhebrando sentencias que iluminan un camino complejo y desafiante. Sus acciones convalidan la higiene y renovación del tribunal, seguramente la mejor decisión institucional de Kirchner. Esa decisión presidencial tan promisoria en términos estratégicos para el sistema político limita y condiciona al contingente mandatario Kirchner en términos tácticos. No podía ser de otra manera, la restauración de un poder del Estado enriquece su relación con los otros y amojona límites para un Ejecutivo proclive al decisionismo y a veces desatento a la lógica republicana.
(...) La política oficial de recomposición de las jubilaciones optó por una interpretación particular del principio solidario. La mayoría de los aumentos se constriñó a los jubilados con menores ingresos. La Corte consideró que el Ejecutivo se excedió en esa discrecionalidad, juzgando una injusticia haber puesto "en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes y quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo". (...)
El Presidente reinterpretó la exhortación de la sentencia Badaro a su manera, pues no recompuso la asimetría excesiva que padecieron algunos jubilados. El incremento dispuesto el viernes fue universal, lo que no está nada mal "para adelante", pero no restaura la desigualdad de trato previa. "Kirchner no va a decidir un esfuerzo fiscal enorme sin mejorar la situación de los más rezagados. Todos los aumentos de sueldos de este gobierno privilegiaron a los trabajadores de ingresos más bajos, no vamos a hacer ahora una excepción", describen, elogian, justifican en su derredor.
En voz baja más de un ministro reconoce que el reacomodamiento deberá ser implementado más temprano que tarde, no más allá de mediados de 2007. Las precisiones se escatiman porque al Presidente le enfada que se anticipen sus jugadas. El Gobierno supone que dispone de varios meses porque imagina que la Corte no responderá de volea. (...)
El régimen privado de capitalización de fondos de pensión tuvo buena acogida inicial en un clima de opinión que llevó a demasiados argentinos a encolumnarse tras el espejismo de la salvación individual. Se prometió "a cada uno lo suyo" y, además, la formación de un consistente mercado de capitales.
(...) Un proyecto de ley, ya anticipado por este diario, es modificar el régimen de opción entre el sistema público y el privado, en caso de duda del beneficiario. La urdimbre cavallista hacía que los indecisos se sumaran de oficio al régimen privado de capitalización. La propuesta del Gobierno es cambiar la tendencia y engrosar, en esos supuestos, el sistema estatal.
Otra modificación se negocia con las administradoras privadas. Se trata de mochar sus comisiones y cuentas de gastos fastuosas si se las mide en base a cualquier criterio razonable y exorbitantes si se las coteja con el nivel de los servicios que prestan. Juan González Gaviola, titular de la Superintendencia de AFJP, maneja esta reforma consensuada, en la Rosada se da por hecho que llegará a buen puerto. (...)
(...) En materia de seguro de desempleo la situación es más decepcionante. Ese seguro, stricto sensu, sólo rige para un núcleo escaso de trabajadores y funciona con base contributiva. Sólo pueden acceder a él los que fueron laburantes formalizados, en cantidad irrisoria. En ese tema un gobierno que se proclama productivista queda a la zaga de países primermundistas y aun de países cercanos no especialmente más venturosos que la Argentina.
Las asignaciones familiares, un beneficio que llegaba a casi todos los hogares en tiempos mejores, es ahora una prerrogativa de los trabajadores formales. El principio contributivo prima, en ese campo, en toda su extensión. La universalización de las asignaciones familiares por hijo, una bandera progresista exclusiva de ciertos sectores de la oposición y de la Central de Trabajadores Argentinos, sería un avance fenomenal que (por razones poco precisas y jamás interesantes) el Gobierno rehúsa considerar.
(...) Hace diez o quince años, la Corte era una repartición subalterna del Ejecutivo, que se ne fregaba ostentosamente de la cuestión. La mejora, enorme, es apenas el primer paso de una ruta muy escarpada. Tomará décadas, si se hacen las cosas muy bien, deconstruir un modelo que fue letal para la mayoría de los argentinos pero propicio para sectores privilegiados no irrisorios en número.
La convivencia de un sistema político democrático y un sistema económico capitalista, que en los últimos años se naturaliza de modo acrítico, es intrínsecamente contradictoria. El mercado premia a los que más tienen, refuerza las situaciones de desigualdad y propende a fijarse en el presente, aboliendo o mutilando la dimensión de futuro. (...)"
Néstor Scibona en el diario
"Al anunciar tres meses antes de su puesta en práctica el aumento de jubilaciones que aplicará a partir de enero de 2007, el gobierno de Néstor Kirchner adoptó una decisión política que no quedó a la vista de los reflectores de la Casa Rosada: el Estado no se hará cargo de atender en bloque la deuda con aquellos jubilados y pensionados que durante catorce años quedaron con los haberes congelados mientras la inflación carcomía sus ingresos.
Un analista económico explicaría que, con el alto superávit de caja que registra la ANSeS, el Gobierno prefirió ocuparse del flujo (los futuros aumentos), antes que del stock (la deuda con los jubilados que cobran más del mínimo y cuyos haberes quedaron notoriamente desactualizados). Un analista político, a su vez, resaltaría que esta medida tiene su lógica desde el punto de vista electoral, ya que mejorará en 13% los ingresos de los 4 millones de jubilados del sistema previsional que el año que viene deben votar y de los cuales el 70% percibe el haber mínimo.
Tanto por equidad social como por cálculo político, el Gobierno no dudó entonces entre la opción de poner plata en el corto plazo en el bolsillo de cuatro millones de jubilados u ocuparse de resolver problemas de arrastre, como los juicios que varias decenas de miles de ellos entablaron contra el Estado por el olvido a que los sometió durante casi una década y media. Si se atendía de una sola vez esta deuda pendiente, que algunos especialistas calculan en alrededor de $ 10.000 millones, aquel superávit de la Anses se hubiera evaporado.
Para quienes han hecho juicio, de todos modos, queda un premio consuelo: el Congreso está a punto de aprobar una ley para que todas las sentencias a favor de la actualización de haberes se paguen a partir del año próximo en un plazo máximo de 120 días. En otras palabras, la deuda se irá pagando con cuentagotas, dado que la Justicia no se caracteriza precisamente por su celeridad.
Habrá que ver si este criterio es compartido por la Corte Suprema, que, al reclamar al Congreso la reimplantación de la movilidad de las jubilaciones, apuntaba en última instancia a evitar la proliferación de juicios previsionales. Con el 11% que recibieron hace dos meses (por primera vez en 14 años) más el 13% que se aplicará en enero de 2007, los jubilados que se encuentran de la mitad para arriba en la pirámide de haberes apenas si habrán recuperado un tercio de lo que perdieron entre 2002 y 2006, ya sea frente al índice de precios al consumidor o los salarios de los trabajadores en actividad.
También existe otro dato político que no debe pasarse por alto: en los próximos meses, el padrón electoral podrá contar con centenares de miles de flamantes jubilados. Serán los que se adhieran a la moratoria puesta en marcha este año y que permite -con el pago de una cuota- obtener la jubilación mínima a trabajadores que no suman aportes suficientes o aun a quienes nunca han aportado, como amas de casa en edad jubilatoria.
No por casualidad la línea 0800 de la ANSeS está colapsada desde hace tiempo, debido a la cantidad de consultas. Una incógnita es cuántas personas podrán adherirse, ya que algunas estimaciones calculan que ya se iniciaron 400.000 trámites, sobre un universo cercano a los 2 millones. Otra es el costo futuro de este régimen, que según el número de adherentes, podría incrementar el gasto entre 1500 y 10.000 millones de pesos anuales.
Esto explica por qué, pese a los $ 4.100 millones que se agregarán al Presupuesto 2007 para atender los aumentos a jubilados y pensionados, -más el monto que se incluya para pagar sentencias- la ANSeS aún preservará cierto nivel de superávit de caja. A diferencia de los últimos dos años, cuando ese excedente se había utilizado, sin hacer demasiado ruido, para cubrir urgencias financieras del Tesoro, ahora se lo destinaría a los futuros beneficiarios de la moratoria (con un descuento mensual de las cuotas), y a un fondo de garantía para evitar sobresaltos con la futura movilidad.
Esta moratoria viene generando un abanico de críticas con sordina. Van desde quienes la consideran una inequidad frente a quienes han aportado toda la vida y hoy cobran la jubilación mínima hasta quienes sostienen que atender la situación de las personas mayores sin aportes debería formar parte del presupuesto de gasto social y no del régimen previsional de reparto. (...)"