El pasado mes de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó multas civiles "sustanciales" a FCA después de que el gobierno acusara a la compañía de usar un software que generó excesos de emisiones en sus vehículos diésel.
Los modelos afectados por el dieselgate de FCA fueron el Dodge Ram 1500 y el Jeep Grand Cherokee vendidos en Estados Unidos entre los años 2014 y 2016. En total, 104.000 vehículos diésel de estos dos modelos tuvieron que ser llamados a fábrica para ser rectificados por este motivo.
Fiat Chrysler pagó 800 millones de dólares (unos 728 millones de euros) para resolver esas reclamaciones, y ya en abril añadió el pago de 110 millones de dólares (unos 100 millones de euros) para liquidar una demanda abierta por sus propios inversores, que en 2015 acusaron a FCA de haberlos engañado.
Según la demanda presentada, FCA había explicado a sus inversores que estaba cumpliendo con la legislación vigente. Además, la automovilística les comunicó unas provisiones menores de las reales en relación con el costo de las llamadas a revisión necesarias para subsanar los problemas de los vehículos afectados.
La compañía tuvo que pagar una multa de 105 millones de dólares (95 millones de euros) por no realizar completamente un total de 23 llamadas a revisión que afectaban a 11 millones de vehículos. FCA también tuvo que realizar campañas informativas y recomprar miles de vehículos con ocasión del Dieselgate.