"Giro histórico en la protección de patentes en Argentina" se titula la columna que el abogado Jonathan Montero remitió a Urgente24:
Patentes, en particular las de medicamentos, resultan un tema central en la relación bilateral con USA. Por ahora, el debate intramuros es intenso. El vínculo Donald Trump / Javier Milei es puesto a prueba.
El diario La Nación editorializó:
"(…) La discusión, entonces, no debería plantearse como una oposición entre patentes y acceso. El verdadero desafío es construir un sistema que permita ambos objetivos: incentivar la innovación y garantizar la disponibilidad de tratamientos.
(…) Durante demasiado tiempo, la Argentina adoptó criterios restrictivos que la alejaron de los estándares internacionales y generaron incertidumbre para quienes invierten en investigación.
Revisar ese enfoque no significa favorecer intereses sectoriales. Significa reconocer que la innovación requiere reglas claras y previsibles. Defender la propiedad intelectual no es un capricho jurídico. Es una política de desarrollo. Porque sin investigación no hay innovación. Y, sin innovación, el acceso termina siendo siempre tardío."
En este contexto, Jonathan Montero, quien se desempeña en un estudio jurídico especializado (Sena & Berton Moreno), escribió:
"El 18/03/2026 representa un punto de inflexión para la Propiedad Intelectual en nuestro país. Mediante la Resolución Conjunta 1/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional ha derogado las restricciones administrativas que, durante los últimos 14 años, limitaron el patentamiento de innovaciones químico-farmacéuticas.
Mediante esta norma, se ha dispuesto la derogación total de las Resoluciones Conjuntas N° 118/12 (Industria), 546/12 (Salud) y 107/12 (INPI), conocidas colectivamente como la “Resolución Tripartita”.
Para dimensionar este cambio, es necesario recordar el contexto de 2012. Bajo un escenario de proteccionismo extremo y recelo hacia la propiedad intelectual extranjera, se impusieron pautas de patentabilidad restrictivas que funcionaban como una barrera administrativa. Aquellas normas presumían que los polimorfos, sales, ésteres y procesos de fabricación no eran invenciones, sino simples descubrimientos o intentos de “extender” artificialmente la vida de una patente.
Este criterio colocó a nuestro país en una posición de paria internacional, siendo señalada recurrentemente en la “Lista de Vigilancia Prioritaria” (Priority Watch List) del Informe Especial 301 de los Estados Unidos de América. Durante más de una década, el país sostuvo un estándar que colisionaba con las prácticas de las oficinas de patentes más avanzadas del mundo.
La derogación actual no es una medida técnica aislada, más bien una decisión política de apertura al mundo y alineación con los estándares de los Estados Unidos de América y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Al eliminar estos requisitos discrecionales, el Gobierno Nacional envía una señal clara al mundo. Argentina vuelve a ser un socio confiable para la innovación global. La medida garantiza el cumplimiento estricto de los tratados internacionales y dota al sistema de una transparencia que se había perdido, alineando la normativa local con el Acuerdo sobre los ADPIC (OMC).
A partir de ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) recupera su competencia exclusiva para analizar cada solicitud de patente en lo que a productos químicos-farmacéuticos refiere. Las innovaciones ya no serán rechazadas de forma automática por su categoría, sino que serán examinadas bajo los estándares de fondo establecidos por la Ley de Patentes N° 24.481: Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial.
La eliminación de la famosa resolución tripartita supone una expansión real y profunda de la materia patentable, a saber:
El nuevo escenario presenta desafíos, ya que el INPI deberá gestionar una transición eficiente para procesar el acumulado de solicitudes que antes eran rechazadas sistemáticamente.
Asimismo, la excepción prevista en el artículo 2 de la Resolución Conjunta 1/2026 implica una limitación temporal de derechos frente a competidores con presencia previa.
En definitiva, el balance es rotundamente positivo.
Una adecuada y efectiva protección de las invenciones genera condiciones que facilitan el acceso oportuno a nuevos medicamentos en beneficio de la salud pública y el bienestar general, posicionando a la Argentina nuevamente como un destino serio y competitivo para la ciencia global.
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