La IA puede tomar decisiones dentro de la empresa, pero alguien de carne y hueso tiene que responder por lo que pase.
Lawrence Cunningham, director del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Delaware, lo resumió: "No estamos cambiando el mundo tanto como reconociendo que podrías manejar un negocio sin un departamento de recursos humanos."
Qué dice el proyecto en concreto
El proyecto es parte de una reforma más amplia del derecho societario argentino que busca modernizar y reducir burocracia.
Dentro de ese paquete, la figura de la "sociedad automatizada" permitiría que una empresa use IA para tomar decisiones operativas sin que eso exima a sus administradores humanos de supervisar los resultados. Si la IA causa daños, la empresa responde. El humano a cargo también.
Adicionalmente, el proyecto permite la creación de Organizaciones Autónomas Descentralizadas, conocidas como DAOs, estructuras basadas en blockchain donde los miembros votan decisiones con tokens digitales.
Pero aquí aparece otra tensión: el texto exige que los usuarios de esos tokens estén identificados y registrados, lo que choca directamente con la lógica de anonimato sobre la que está construida buena parte de la industria cripto.
Reuters menciona a Ricardo Mihura Estrada, expresidente de Bitcoin Argentina, quien dijo: "Creo que está bien intencionado, pero veo dificultad en que sea adoptado en el mundo blockchain."
Por ahora, no hay empresas ni compromisos de inversión concretos vinculados al proyecto.
El proyecto también incorpora a las organizaciones autónomas descentralizadas, aunque varios especialistas advierten que algunos requisitos chocan con el funcionamiento habitual del ecosistema cripto.
Por qué el anuncio igual importa aunque sea más chico de lo que parece
Hay una lógica detrás del entusiasmo que no es completamente infundada, aunque sí está sobredimensionada en la comunicación oficial.
En este momento, las empresas que operan con IA en el centro de su modelo de negocio funcionan en un vacío legal: no hay marcos claros sobre responsabilidad, sobre qué pasa cuando un algoritmo toma una decisión que daña a alguien, sobre cómo se estructura una compañía que no tiene empleados tradicionales.
El solo hecho de que una ley mencione explícitamente ese tipo de operaciones puede dar certeza jurídica donde hoy no hay nada.
María Gisele Cano, abogada corporativa bonaerense, recibió más de una docena de consultas de emprendedores argentinos y extranjeros desde que se conoció la propuesta.
Yonathan Arbel, profesor de derecho en la Universidad de Alabama especializado en IA, dice que Argentina podría obtener "una enorme ventaja competitiva" si construye un ambiente favorable para negocios de IA, en un momento en que Estados Unidos y Europa avanzan hacia regulaciones más estrictas.
Varios estados norteamericanos como Texas y Utah ya tienen marcos legales para que empresas experimenten con IA, aunque con supervisión humana al inicio.
El problema que ninguna ley resuelve sola
Milei lleva meses posicionando a Argentina como futuro hub de inteligencia artificial: mencionó el clima frío de la Patagonia y la disponibilidad energética como ventajas para centros de datos, y en octubre anunció junto a OpenAI y Sur Energy planes para un datacenter con inversión de hasta 25.000 millones de dólares.
Pero Lan Xuezhao, socia administradora de Basis Set Ventures, una firma que invierte en startups de IA, apunta a lo que ningún decreto ni proyecto de ley puede garantizar: "Lo más importante es si el talento va a Argentina. La gente sigue a la gente."
Las capacidades técnicas actuales tampoco acompañan del todo la narrativa. Los expertos consultados por Reuters coinciden en que los agentes de IA todavía no están en condiciones de tomar decisiones de negocio completamente autónomas.
Lo que sí está pasando, según Xuezhao, es que los emprendedores tech están desplazando presupuesto de contratación de personas hacia gasto en poder computacional e IA para hacer las mismas tareas. En ese sentido, la figura de la "sociedad automatizada" describe algo que ya existe en la práctica, pero que todavía no tiene nombre legal en casi ningún lado.
Que Argentina sea el primero en ponerle nombre puede ser el comienzo de algo. O puede ser, sobre todo, un anuncio.
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