Luego de los cambios producidos en el gabinete del gobierno de Luis Lacalle Pou quedaron en evidencia las tensiones dentro del Partido Colorado, y la alianza que los llevó a ser gobierno en Uruguay en las elecciones de 2019.
Tabaré Viera es el nuevo ministro de Turismo de Uruguay. Que sea Viera quien toma la posta, hombre de confianza del líder de Batillistas y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, así como la forma en que se decidió el recambio y el lugar en que se anunció, son un símbolo de la correlación de fuerzas en la interna de la coalición multicolor y dentro del partido socio del gobierno, opinaron distintos politólogos consultados por el diario uruguayo, La Diaria.
La politóloga Lucía Selio señaló que esta coalición de gobierno se conformó prometiendo lugares en el Poder Ejecutivo, una condición que no se da en todos los casos, y que en este tipo de estructuras “es bien importante mantener cierto equilibrio político”. En su opinión, “Sanguinetti está buscando que no sea una simple coalición en la que los aliados sean los votos, sino que (los partidos que la integran) tengan poder”, y sostuvo que el Ministerio de Turismo es “justamente donde más se estaba trabajando para reactivar la economía pospandemia”. Igualmente, todo indica que el perdedor es Sanguinetti.
La inestabilidad es una amenaza para la coalición y el gobierno. En lo que va del periodo hubo varios cambios de ministros y en muy poco tiempo. Esta situación contrasta particularmente con el último gobierno del Frente Amplio. El politólogo Antonio Cardarello aseguró que esto en principio afecta al Partido Colorado, “que es el más perjudicado, pero también termina salpicando al partido de gobierno y al presidente de la República, porque los ministros elegidos tenían su anuencia”.
Otro aspecto a considerar es el que menciona Diego Luján, en La Diaria:
La llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en julio de 2020 y pilar de la administración del jefe de Estado, será puesta en discusión en un referéndum en Uruguay, tras haberse alcanzado el número de firmas necesarias. Era necesario que el 25% del Registro Cívico Nacional de Uruguay, aproximadamente 670.000 personas, firmaran para poder convocar el referéndum, esta cifra se superó por más de 127.000 firmas de ciudadanos uruguayos.
La Comisión Nacional Pro Referéndum, busca invalidar 135 de los 476 artículos de la mencionada ley.
Entre los puntos de la LUC más cuestionados por la Comisión están la flexibilización del uso de la fuerza policial, la regulación del derecho a la huelga y declaración de ilegítimos a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios", con la consecuente facultad para disolverlos.
Esta ley fue el eje de campaña de la "coalición multicolor" de cinco partidos que encabezó Lacalle Pou (el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente).
El proyecto aumentó el concepto de legítima defensa, tanto para los civiles que se vieran amenazados como también para policías o militares. Se sustituyó el artículo 26 del Código Penal actual. Siempre remarca, sin embargo, la proporcionalidad de la reacción legítima. El nuevo artículo da mayores herramientas para los ciudadanos y las fuerzas de seguridad para accionar en caso de una amenaza cierta.
También se incrementó la pena para delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia sexual en todas sus formas y se especifica de forma clara cuándo se trata de un feminicidio.
Gerardo Núñez, diputado comunista uruguayo, en diálogo con La Diaria, sostuvo que el "gran objetivo" que tiene el Frente Amplio "de inmediato" es el referéndum. Ahora corresponde a las autoridades electorales definir las condiciones y fecha de la consulta popular, en la que la ciudadanía uruguaya decidirá si deroga los 135 artículos de la LUC en cuestión.