La misiva fue firmada por 165 políticos de 26 países diferentes, entre ellos varios expresidentes, exprimeros ministros, exministros de Estado, diputados y senadores. Entre ellos, el expresidente socialista español, José Luis Rodríguez Zapatero, el exministro de Economía de Grecia y actual diputado, Yanis Varoufakis; los expresidentes de Paraguay o Colombia, Fernando Lugo y Ernesto Samper; el premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel; o los líderes izquierdistas francés o británico, Jean Luc Mélenchon y Jeremy Corbyn.
La misiva afirma que “el presidente Bolsonaro ha intensificado sus ataques en contra de las instituciones democráticas de Brasil en las últimas semanas” y recuerda que “el 10 de agosto, (el mandatario) dirigió un desfile militar sin precedentes por la capital, Brasilia, y sus aliados en el Congreso impulsaron reformas radicales al sistema electoral del país ampliamente considerado uno de los más confiables del mundo”.
Se refiere al frustrado intento de Bolsonaro de modificar el sistema de voto electrónico para reintroducir, además, las papeletas en papel, alegando –sin presentar ninguna prueba- que existe una conspiración en marcha para manipular digitalmente el sufragio en los comicios presidenciales previstos para octubre del 2022. En agosto, el Congreso rechazó una iniciativa de este tipo lanzada por parlamentarios afines al gobierno.
“Bolsonaro y su gobierno han amenazado –reiteradamente– con cancelar las elecciones presidenciales de 2022 si el Congreso no aprueba estas reformas”, agrega el manifiesto.
El mandatario tiene más de una razón para estar nervioso sobre los comicios del año próximo: a lo bien que le está yendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en los sondeos, se suma que 60% de los brasileños ha dicho en los mismos que no votará por Bolsonaro bajo ninguna circunstancia.
Por otro lado, los cuestionamientos de Bolsonaro a la credibilidad del Tribunal Superior Electoral (TSE) y su puesta en duda del voto electrónico, le han valido la apertura de una investigación por parte del Supremo Tribunal de Justicia (STJ).
El presidente dijo el 21/8 que las marchas eran la preparación por un "contragolpe" necesario contra el Congreso y la Corte Suprema brasileña. Proclamó que la "Constitución comunista" de Brasil le había quitado su poder y acusó a al poder judicial, la izquierda y el "aparato entero de intereses ocultos" por conspirar contra él.
El viernes pasado, fue más allá y dijo que las protestas serán un “ultimátum” para los jueces de la máxima corte. El sábado citó la posibilidad de una “ruptura” institucional.