El fiscal general instruyó a sus fiscales que descarten denuncias de casos que, aún si se demostrara que son ciertas, no afectarían al resultado final, ya que estos pueden retomarse una vez certificados los resultados.
“Autorizo a investigar denuncias sustanciales de irregularidades en el voto o en la tabulación del voto antes de la certificación de las elecciones en sus jurisdicciones en ciertos casos, como ya he hecho yo en instancias específicas”, dijo Barr.
“Dichas investigaciones y revisiones pueden realizarse si existen denuncias claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, podrían potencialmente afectar el resultado de una elección federal en un estado concreto”, añadió.
Barr también advierte en la carta que si bien las acusaciones creíbles deben ser investigadas de manera efectiva y a tiempo, las afirmaciones "descabelladas, fantásticas o especulativas no deben ser una base para iniciar investigaciones federales."
Con un lenguaje cuidadosamente elegido, la carta de Barr arranca destacando la votación, el derecho al voto y la democracia. En el "Memorándum a lo fiscales de USA", Barr agradece a cada uno de ellos y sus equipos "por su esfuerzo extraordinario para asegurarse de que todos los estadounidenses pudiesen ejercitar su derecho más fundamental con confianza y seguridad."
Es importante destacar que, mientras algunos medios conservadores se lanzaron a titular indicando que el secretario de Justicia había denunciado que había habido fraude electoral, lo cierto es que Barr no proporcionó una sola indicación de que el departamento de Justicia haya encontrado pruebas para respaldar la denuncia hecha por Trump.
En las redes, la discusión pasaba por qué quiere decir "acusaciones sustanciales". Otro usuario se preguntaba cuál es la necesidad de Barr de autorizar a esto. Un tercer usuario respondió que es solo una manera de hacer algo para contentar a Trump, que no puede aceptar su derrota. Pero también podría ser una manera de darle al presidente una señal de que el departamento de Justicia está trabajando para encontrar evidencia que Trump y su campaña hasta ahora no han producido. Una tercera teoría indica que es posible que existan ciertas agencias federales que solo pueden avanzar en ciertas investigaciones si el fiscal general lo ha autorizado.
En el memorándum, Barr dijo que si bien "la mayoría de las acusaciones de supuesta mala conducta electoral tienen tal extensión que no afectarían el resultado de una elección y, por lo tanto, la investigación puede aplazarse adecuadamente, ese no es siempre el caso".
Según la CNN, "la carta de Barr a los fiscales penales rompe un silencio de días que ha sido incómodo. Justamente, mientras Trump y sus abogados de campaña han ofrecido conferencias de prensa y han presentado demandas sin ninguna evidencia de fraude generalizado. Trump asegura que las irregularidades en la votación explican por qué quedó rezagado en los estados que necesitaría para ganar la reelección. También se ha negado a conceder la victoria al presidente electo Joe Biden."
Lo cierto es que la declaración de Barr tuvo al menos una consecuencia: presentó su dimisión Richard Pilger, el fiscal responsable de la investigación de delitos electorales.
Pilger dimitó tras recibir la instrucción de parte del fiscal, alegando que "deroga una norma de 40 años de no interferencia". “Habiéndome familiarizado con la nueva norma y sus ramificaciones (…) lamentablemente debo renunciar a mi cargo como director de la División de Crímenes Electorales“, anunció Pilger en una comunicación interna filtrada a medios estadounidenses. Pilger, además, lamentó que la orden de Barr “deroga una norma de 40 años de no interferencia (federal) en investigaciones de fraude electoral durante el periodo anterior al de certificación de las elecciones”.
Algunos funcionarios del departamento dijeron a CNN que Barr estaba obsesionado con la idea del fraude electoral en las últimas semanas. Aparentemente habría preguntado sobre la posibilidad de enviar funcionarios federales a los colegios electorales pero le informaron que la ley federal prohíbe enviar funcionarios federales armados para vigilar las urnas.
