Las generales de 2023 ofrecen un ejemplo concreto de esa distancia entre el pronóstico y las urnas. La última encuesta “flash” del CIS situó al PSOE en el 32,2% y al PP en el 30,8%, por lo que anticipaba una victoria socialista por 1,4 puntos. Sin embargo, los resultados dieron el primer puesto al PP, con alrededor del 33% de los votos, mientras el PSOE obtuvo aproximadamente el 31,7%. El organismo quedó cerca del porcentaje socialista, pero subestimó el apoyo popular e invirtió el orden de los dos principales partidos. Que Sánchez consiguiera después la investidura mediante acuerdos parlamentarios no convierte en acertado aquel pronóstico sobre quién sería el más votado.
Frente a esas críticas, el CIS defendió la representatividad de sus muestras y aseguró que pondera el recuerdo de voto en sus estimaciones finales. La discusión pasa precisamente por determinar si esas correcciones alcanzan para compensar los desequilibrios que señalan los especialistas. Los antecedentes justifican examinar sus resultados con atención, aunque tampoco convierten las proyecciones privadas en certezas. Para evaluar cada encuesta importa conocer cuándo se hicieron las entrevistas, cómo se seleccionó a los participantes y qué tratamiento recibieron los indecisos. Esa información es indispensable para entender por qué los pronósticos divergen tanto y qué respaldo tiene cada escenario electoral.
La vivienda concentra el malestar y pone a prueba la apuesta de Sánchez
La vivienda es el asunto que más influirá en el voto para el 40% de los encuestados por Invymark para laSexta, por delante de la economía, con un 22,2%, y de la inmigración, con un 19,9%. El dato permite entender por qué el conflicto habitacional ocupa el centro de la precampaña. Después del desahucio de Maricarmen y del rechazo parlamentario a los decretos del Ejecutivo, Sánchez intenta convertir la demanda de protección residencial en un argumento para renovar su mayoría. Su desafío consiste en convencer a quienes padecen el problema de que su Gobierno puede ofrecer una respuesta, después de años en los que el acceso a una vivienda se volvió cada vez más difícil.
La importancia del asunto cambia considerablemente según el electorado. En ese mismo barómetro, la vivienda es la prioridad para el 63,3% de los votantes socialistas y el 82,3% de los de Sumar, mientras entre los seguidores de Vox predomina la inmigración y entre los del PP destaca la corrupción. Esa distribución ofrece al Gobierno un terreno para movilizar a su base y disputar el voto de una izquierda fragmentada. Pero también muestra los límites de esa estrategia. La centralidad de la emergencia habitacional entre sus simpatizantes no asegura que el mensaje alcance con la misma fuerza a quienes están indecisos o priorizan otros problemas.
El CIS aporta otra dimensión al debate al preguntar por las medidas concretas. Según los resultados recogidos por El Mundo, un 65% respalda impedir los desahucios de hogares vulnerables hasta 2030 y un 58,6% apoya prorrogar hasta dos años los contratos de alquiler que terminen antes de finalizar 2028. También reciben apoyo mayoritario las restricciones a los alquileres de temporada y por habitaciones, así como los incentivos fiscales para propietarios que reduzcan o congelen las rentas. Sin embargo, el respaldo pierde fuerza ante otras propuestas. Un 52% rechaza la prórroga automática que convertiría los alquileres en indefinidos, frente a un 43% favorable. Incluso dentro de ese barómetro, la demanda de intervención convive con diferencias sobre hasta dónde debería llegar.
Las llaves sonaron en la última marcha por la vivienda, un reclamo que ahora ocupa el centro de la disputa electoral en España.
FOTO: ALEXANDRE BRE / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
El PSOE encuentra así apoyo para varias de sus propuestas, pero todavía debe transformarlo en confianza hacia su gestión. Un elector puede considerar necesaria una mayor protección frente a los desahucios y, al mismo tiempo, cuestionar que el Ejecutivo no haya resuelto antes la emergencia o desconfiar de la eficacia de sus medidas. Además, las objeciones sobre la muestra del CIS también deben tenerse presentes al interpretar estas respuestas. La vivienda ofrece al oficialismo una oportunidad de movilización, aunque su rendimiento electoral dependerá de quién consiga convencer de que puede mejorar la situación. Ahí aparece la distancia con los sondeos privados, que siguen proyectando una mayoría de PP y Vox pese al protagonismo del conflicto habitacional.
Los sondeos privados mantienen a PP y Vox por encima de la mayoría absoluta
La apuesta de Sánchez por la vivienda todavía no se traduce en una ventaja electoral en los sondeos privados. Las encuestas difieren en la magnitud del resultado, pero coinciden en proyectar una mayoría de PP y Vox en el Congreso. IMOP les atribuye 200 diputados, Sociométrica eleva la suma a 205 y Hamalgama la sitúa en 212. Son fotografías elaboradas por empresas distintas y con sus propios métodos, aunque comparten una conclusión política relevante. Si esos escenarios se cumplieran, ambas formaciones superarían con margen los 176 escaños de la mayoría absoluta y podrían facilitar una investidura sin recurrir a los socios parlamentarios del actual Gobierno.
Dentro de ese bloque, sin embargo, el crecimiento no se reparte de manera uniforme. IMOP proyecta 130 diputados para el PP y 70 para Vox, un resultado que dejaría a Feijóo por debajo de los 137 escaños obtenidos en 2023 y permitiría a Abascal más que duplicar sus 33 representantes. Sigma Dos dibuja una evolución similar en porcentaje de voto, con un 31,9% para los populares y un 19,1% para Vox. El escenario que describen esas encuestas combina, por tanto, una mayoría de derechas con un fortalecimiento del socio que Feijóo necesitaría para alcanzar la Presidencia. El PP encabezaría la alternativa, pero Vox podría disponer de mayor capacidad para negociar las condiciones de su apoyo.
Las diferencias entre encuestadoras también muestran que el alcance de esa posible mayoría sigue abierto. Target Point atribuye al PP entre 135 y 137 escaños y a Vox entre 64 y 66, mientras GESOP proyecta una mayoría conjunta por debajo de los 200 diputados. Esos matices importan porque determinan cuánto dependería cada partido del otro y qué margen tendrían para negociar. Superar juntos el umbral parlamentario permitiría construir una mayoría de investidura, pero no implica que exista un acuerdo cerrado ni obliga a formar un Gobierno de coalición. Las condiciones políticas de ese entendimiento tendrían que resolverse después de las elecciones.
Para Feijóo, esos números plantean una dificultad incluso dentro de un escenario favorable. Podría llegar a La Moncloa con un PP más débil y un Vox fortalecido, obligado a negociar con Abascal desde una dependencia mayor que la que hubiera querido. Además de los apoyos para la investidura, quedarían en discusión las prioridades legislativas y las condiciones para sostener al Ejecutivo durante la legislatura. La fuerza que los sondeos atribuyen a Vox permitiría a Abascal reclamar una influencia acorde con sus escaños y encarecer el respaldo que Feijóo necesitaría para gobernar.
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