Los primeros 7 se consideran crímenes "comunes": están tipificados por el código penal brasileño y pueden ser castigados por la justicia hasta con cárcel.
Como el reporte también acusa a Bolsonaro de crímenes de responsabilidad, podría habilitar un juicio político en el Congreso para destituirlo.
Además, la atribución de crímenes "contra la humanidad" contemplados en el Estatuto de Roma, podría eventualmente motivar un proceso contra Bolsonaro en la Corte Penal Internacional (CPI).
Si bien no existe ninguna garantía de que el informe aprobado derive en cargos formales contra Bolsonaro, sus aliados buscan protegerlo impulsando este nuevo cargo.
Legisladores del oficialista Partido Progresista (PP) "confirmaron" que está en curso una "operación blindaje" del presidente a través de un Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) para crear el cargo de senador vitalicio, informó la periodista Andrea Saadi, del canal GloboNews y otros medios.
La iniciativa de impulsar la PEC de la senaduría vitalicia "comenzó a cobrar cuerpo hace 15 o 20 días", cuando se decidió reciclar un proyecto de ley que surgió hace casi dos décadas, apuntó la reportera Natus Nery, también de GloboNews.
Esa iniciativa propone que el cargo de senador vitalicio sea concedido a todos los expresidentes, no solo Bolsonaro.
Según las periodistas, Bolsonaro no está preocupado en el corto plazo con ser procesado y condenado porque "confía" en que el procurador general, Augusto Aras, no dará curso a estas denuncias como tampoco permitió que prosperen otras.
Pero tanto Bolsonaro como sus hijos, estos también acusados por el Senado, temen que si el mandatario no fuera reelegido en 2022, su situación ante la Justicia se torne más vulnerable porque habrá perdido la inmunidad del cargo, explica la agencia AnsaLatina.
