Según el juez del Consejo de Estado, "la derogación muy específica (decidida por el alcalde Verde), hecha para satisfacer una demanda religiosa, de las normas de derecho común sobre el uso de trajes de baño ajustados, promulgadas por razones de higiene y seguridad, puede afectar al buen funcionamiento del servicio público y a la igualdad de trato de los usuarios en condiciones que atentan contra el principio de neutralidad de los servicios públicos".
El abogado del consistorio de Grenoble, Olivier Coudray, había defendido a la salida de una audiencia celebrada hace una semana en el Consejo de Estado que "el usuario de un servicio tiene derecho a pedir que se respeten sus creencias, y una comunidad tiene derecho a garantizar que el funcionamiento del servicio se adapte para tener en cuenta esta necesidad".
Por la otra parte, el abogado de la Liga Internacional de Derechos de la Mujer, Frédéric Thiriez, había denunciado la disposición de Grenoble y, según recoge el periódico Le Progrès, consideró que "busca simplemente promocionar el islamismo radical instrumentalizando a las mujeres musulmanas".