Como recuerda Alejandro Santos Cid para el diario El País, el INE lleva meses argumentando que no tiene los recursos suficientes para llevar a cabo la consulta, después de haber sufrido un recorte presupuestario de más de 2.300 millones de pesos mexicanos. El pasado 17 de diciembre, después de una ajustada votación, seis de los diez consejeros del órgano electoral decidieron aplazar la votación. AMLO respondió con una campaña mediática en su contra; barajó la idea de realizar una consulta informal al margen del INE; presentó una denuncia ante la Fiscalía contra los seis consejeros, aunque la retiró días después, a los que acusó de abuso de autoridad; e impugnó la decisión ante el Tribunal Federal Electoral y la Suprema Corte.
Si la consulta popular se lleva a cabo el 10 de abril, todo indicaría que así será, el INE tendrá que instalar mesas electorales similares a las de una elección presidencial. El costo estimado de este despliegue es de US$ 200 millones, pero sin presupuesto, ¿cómo llevarlo a cabo?
Esto es justamente lo que busca AMLO, que la consulta para revocar su mandato no se pueda llevar a cabo como la ley lo indica, justamente porque el instituto no tiene el presupuesto necesario, que él mismo recortó. Una estrategia bien pensada.
Para que la consulta sea vinculante necesita al menos 37 millones de votos, un 40% de participación del censo electoral. Y para evitar la revocación, una mayoría absoluta. Estas cifras son difíciles de alcanzar, la oposición no duda que AMLO usa este proceso para reafirmarse en el poder.
En los tres primeros años del gobierno del presidente de México, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) recibió casi 37 mil quejas de ciudadanos inconformes con las respuestas que recibieron a solicitudes de transparencia enviadas a dependencias e instituciones federales. Se trata del sexenio con el promedio anual más alto de quejas desde que se creó el sistema de transparencia.
Medidas desesperadas
Por un lado, el INE denunció desde hace unas semanas la falta de presupuesto, lo que lo llevó a solicitar recursos adicionales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 1.738 millones de pesos mexicanos, unos US$ 85 millones.
Independientemente de la solicitud de presupuesto, el gobierno mexicano presentó un plan de austeridad para el instituto en el cual se sugieren una serie de modificaciones para ahorrar hasta US$ 139,6 millones de dólares.
“Les voy a presentar formalmente un plan de austeridad, yo creo que en una semana lo tengo. Es el remedio y el trapito, hazle así. Vamos a presentar formalmente al INE esta propuesta, no de carácter obligatorio porque no tenemos facultad para eso, sino porque nos interesa que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato y queremos que se instalen las casillas en todos los pueblos”, sentenció AMLO a comienzo de mes.
