Desde entonces la fiscal Janny Sánchez Porturas desplegó diversas acciones de levantamiento del secreto de las comunicaciones y seguimiento policial que le han permitido identificar hasta 22 personas involucradas en esta presunta red criminal.
En este sentido, el operativo incluyó la detención de 11 personas entre las cuales se encuentran Julio César Vega Condezo, Florencio Zevallos Rojas, Juan Geremias Sullca Solano, John Paul Pasco Yupanqui y César Miguel Albitres Ruíz.
La red
De acuerdo con las investigaciones, esta red de funcionarios contactaba desde Lima con los alcaldes y funcionarios de municipios distritales a quienes les ofrecían apoyo de gestión.
A cambio de ese apoyo los alcaldes o empresarios, que luego se beneficiarían con la adjudicación del proyecto, debían pagarles el 5% o 6% del costo total de la obra, para agilizar y lograr que el MEF, Vivienda y Construcción entregaran el presupuesto respectivo.
La Fiscalía logró establecer la intervención de esta red en 11 municipalidades.
Sánchez Porturas identificó que el principal operador de esta presunta mafia era Julio Vega Condezo, quien desde el 2011 hasta julio 2019 ocupó el cargo de programador de aplicaciones de la Oficina de Tecnologías de la Información del MEF.
Por su parte, Florencio Zevallos, en coordinación con Kliberth Julca, llamó al alcalde de San Pablo de Pillao y le ofrecieron apoyarlo en la aprobación del presupuesto para una obra de saneamiento y agua potable por casi 400 mil dólares.
Zevallos le indicó que su amigo en el MEF, Julio Vega, lo podía ayudar a cambio de pagar el 5% del valor total de la obra. Un pago inicial del 3% al cerrar el trato con Vega y el 2% restante, cuando el Ministerio de Vivienda aprobara el proyecto. El alcalde se negó y permitió descubrir todo.
Todo esto constituiría delitos de tráficos de influencias y cohecho, afirma la fiscalía.
