Valiñas agregó que algunas de las violaciones a los derechos humanos "incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad".
"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del Gobierno", agregó.
"El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes", afirmó.
Así, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, no podrían atribuirse a "falta de disciplina" de las fuerzas de seguridad, sino que "parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen", según Valiñas.
Un video de entrenamiento de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), autentificado por la Misión, animaba a los efectivos a "matar criminales sin compasión".
Los investigadores llamaron a poner fin a la impunidad, para lo cual "las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas".
Valiñas planteó también la intervención de las jurisdicciones de otros países, así como del TPI, que "deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la misión ha identificado".
La experta de la ONU pidió además que las FAES sean "desmanteladas", ya que junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado.
