Ceuta, una de las fronteras exteriores de la Unión Europea, en medio del debate sobre las expulsiones y la creación de centros de retorno en terceros países.
FOTO: NA / XINHUA
El endurecimiento incluye disposiciones específicas para quienes sean considerados un riesgo para la seguridad, ya que los Estados podrán imponerles prohibiciones de entrada de duración indefinida cuando resulten justificadas y proporcionales, además de mantenerlos detenidos durante períodos superiores a 24 meses. El Consejo presenta estas facultades como instrumentos para afrontar situaciones de mayor riesgo y sostiene que todas las medidas de retorno deberán respetar los derechos fundamentales. Su aplicación exigirá, por tanto, justificar las restricciones en cada caso y cumplir las garantías previstas por el marco europeo e internacional.
Marlaska cuestiona qué garantías habrá fuera de la UE
El rechazo español apunta a quién responderá por las personas trasladadas y cómo se protegerán sus derechos una vez que estén fuera del territorio comunitario. Según Europa Press, el Gobierno mantuvo durante las negociaciones sus dudas sobre la compatibilidad de estas instalaciones con el derecho europeo e internacional, una objeción que este jueves sostuvo hasta la votación definitiva. Para Madrid, habilitar acuerdos con países receptores no resuelve por sí solo las dificultades de supervisar lo que ocurra dentro de los centros.
Esa preocupación había quedado expresada en junio, cuando el ministro del Interior advirtió que una familia con niños podía ser enviada a un país con el que no tuviera ningún vínculo y cuestionó la posibilidad de recurrir a convenios no vinculantes. Según el comunicado publicado entonces por su departamento, también alertó sobre el impacto de ese modelo en las relaciones bilaterales, que España considera fundamentales para gestionar los flujos migratorios mediante la cooperación. Su argumento sitúa el problema tanto en las condiciones del traslado como en la responsabilidad posterior sobre quienes queden alojados en esas instalaciones.
A esa discusión se suma el tiempo de privación de libertad, sobre el que Marlaska formuló una crítica directa durante aquella reunión. “¿Vamos a permitir que personas en una situación administrativa irregular estén privadas de libertad más tiempo que criminales condenados por delitos graves?”, preguntó el ministro.
La comparación resume el desacuerdo de fondo sobre la proporcionalidad de las medidas, porque el Gobierno español cuestiona que el internamiento pierda su carácter excepcional y se convierta en una herramienta prolongada de gestión migratoria. Los defensores del reglamento sostienen que las nuevas facultades permitirán ejecutar retornos con mayor eficacia, mientras Madrid reclama garantías que considera insuficientes en el modelo aprobado. El voto negativo dejó constancia de esa discrepancia, aunque no alcanzó para frenar una reforma respaldada por la amplia mayoría de sus socios.
Balsas con migrantes cerca de la costa española, en un contexto de endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea.
FOTO: HENRY NICHOLLS / AFP
Cinco países buscan llevar los primeros centros a África
Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos ya trabajan para convertir la autorización europea en un proyecto concreto, con negociaciones para establecer un primer centro de retorno fuera del bloque. Sus ministros se reunieron este jueves en Luxemburgo, al margen del Consejo de Interior, para avanzar en una iniciativa que tiene como horizonte la segunda mitad de 2027. Según RTVE, África aparece como el destino más probable, aunque todavía no se ha anunciado un acuerdo con un país receptor ni una fecha definitiva de apertura.
El ministro griego de Migración, Thanos Plevris, aseguró que quiere abrir una de estas instalaciones durante la presidencia del Consejo que ejercerá su país en ese período, mientras la prensa griega menciona a Uganda y Ruanda como posibles emplazamientos. Ambos nombres siguen siendo opciones atribuidas a informaciones periodísticas, sin confirmación de una elección, y ninguno figura en la lista común europea de países de origen seguros. Esa clasificación se utiliza para evaluar solicitudes de asilo y es distinta de las condiciones que deberá cumplir un Estado para recibir un centro de retorno, por lo que la viabilidad de cada destino dependerá del acuerdo y de las garantías exigidas para los traslados.
Los impulsores también presentan el proyecto como una herramienta de disuasión. El titular danés de Inmigración, Morten Bødskov, sostuvo que las conversaciones avanzan y defendió que estas instalaciones ejercerían presión sobre los traficantes, al reducir las ganancias que obtienen del traslado de personas hacia Europa. Su homólogo alemán, Alexander Dobrindt, reclamó que el modelo quede blindado jurídicamente, una condición decisiva para evitar que su funcionamiento termine paralizado por impugnaciones.
La experiencia italiana en Albania muestra el peso que puede tener esa discusión, porque los traslados promovidos por el Gobierno de Giorgia Meloni encontraron obstáculos en la Justicia. Con el reglamento aprobado, los cinco socios disponen de un marco europeo para negociar, pero todavía deben conseguir un país que acepte las instalaciones y acordar las condiciones de funcionamiento. El próximo paso estará en esas conversaciones, donde deberán concretarse tanto la supervisión y el trato a las personas trasladadas como el procedimiento para su posterior retorno.
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