"Parece que el escenario actual de evidente protección insuficiente, con efectos nocivos inmediatos, especialmente para los niños, los adolescentes y los presupuestos familiares de los beneficiarios de los programas", fundamentó el ministro.
El ministro tomó la decisión tras participar en una audiencia pública en la Corte Suprema sobre los impactos de los sitios de apuestas deportivas. Los presentadores utilizaron datos de un estudio del Banco Central para solicitar al STF medidas contra las apuestas deportivas entre las familias más pobres.
- El estudio muestra que los beneficiarios de Bolsa Família gastaron R$ 3.000 millones (US$ 520 millones) en apuestas vía Pix (sistema de pagos instantáneos desarrollado por el Banco Central de Brasil) en el mes de agosto, valor equivalente al 20% del total transferido por el programa en el mes.
- De los 20 millones de beneficiarios, 5 millones realizaron apuestas durante octubre. En promedio, el valor gastado por persona fue de R$ 100 (US$ 17,5). Del total de los apostantes, el 70% son jefes de familia, es decir, los que efectivamente reciben el dinero transferido por el gobierno. El grupo envió R$ 2.000 millones (US$ 346,4 millones) a través de Pix para apuestas en agosto.
Los datos recopilados por el Banco Central no muestran qué premios recibieron los apostadores. El Banco Central estima que los ganadores de apuestas recuperan el 85% de lo apostado.
La prohibición del uso de la tarjeta Bolsa Familia como medio de pago en los sitios de apuestas online ya estaba en el radar del ministro Wellington Dias (Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre).
Técnicos del Ministerio de Fomento y Asistencia Social evalúan, sin embargo, que la medida no es muy efectiva para restringir las apuestas deportivas entre los beneficiarios de programas sociales.
"[La prohibición del uso de la tarjeta Bolsa Familia para apuestas] tiene un alto costo de implementación y muy baja efectividad, dado que menos del 2% de los beneficiarios del Programa utilizan la tarjeta de débito del PBF para operaciones de compra y que sólo el 1,4% de los los beneficiarios del Programa utilizan tarjeta de crédito", informó el ministerio en un documento enviado al STF.
Un miembro del gobierno que trabaja en la regulación de las apuestas dijo a Folha que el dilema sería impedir el uso del dinero de los programas sociales sin prohibir a un beneficiario realizar apuestas con recursos obtenidos a través de su trabajo.
Esto es un concepto equivocado: cuando una persona recibe un beneficio que le asignan el resto de los contribuyentes, debería renunciar a ese beneficio asistencial si tiene otros ingresos que puede destinar al azar.
Lo que sucede es que el PT y sus aliados tienen una agenda social que considera que la asistencia social es un derecho del beneficiario, que el Estado debe imponer a los otros contribuyentes.
Sin embargo, sería lógico que el PT y sus aliados impongan una auditoría o restricciones que quienes pagan la asistencia pueden ejecutar sobre el destino de sus recursos que, de otra manera, podrían destinar a sí mismos.
Los niños
La decisión de Fux también anticipa la vigencia de los apartados que tratan de la prohibición de publicidad dirigida a niños y adolescentes en la Ordenanza 1.231, de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda.
El reglamento no entraría en vigor hasta el 01/01/2025: se prohíbe el uso de imágenes de niños y adolescentes o "elementos especialmente atractivos para los menores de dieciocho años".
Las normas impiden que las apuestas patrocinen a niños o adolescentes o que intenten "influir o animar a niños o adolescentes a apostar". También está prohibido el patrocinio por parte de casas de apuestas deportivas de "eventos dirigidos principalmente a niños o adolescentes".
La decisión de Fux es preliminar, es decir, se tomó por su urgencia y necesita ser avalada por el pleno de la Corte Suprema. Es parte de una acción que cuestiona la constitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso Nacional en 2023 que reguló las casas de apuestas deportivas.
La acción fue presentada por la CNC (Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo) bajo el argumento de que la legislación es insuficiente para proteger a las familias de las pérdidas económicas derivadas del alto riesgo de las apuestas.
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