Sobre Gabriel Boric, Fernando Pereira consideró que el hecho de que “haya llegado al poder un presidente con 35 años, proveniente de las fuerzas progresistas, es muy importante para Uruguay y para toda la región”. También proyecta estar presente en la asunción del presidente electo de Chile, lo que sucederá en marzo.
También se habla de una visita a Argentina para visitar a su compañero de izquierda Alberto Fernández. En principio la idea de Pereira es viajar para hablar con los frenteamplistas radicados en Argentina, pero también con organizaciones sociales representativas de izquierda. Sin dudas el uruguayo quiere ir forjando vínculos para el reflote de una izquierda latinoamericana como la que vimos a comienzos del 2000, con Lula, Néstor y Chávez en el poder.
Con miras a 2024
En octubre de 2024 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Uruguay, y si bien falta mucho tiempo, Fernando Pereira al ser el presidente del Frente Amplio podría ser candidato.
Su rol será puesto a prueba en marzo de este año cuando se realice el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) del cual Pereira fue un impulsor y ayudó a conseguir las 671.544 firmas necesarias para habilitar la votación.
Entre los temas más polémicos (para la izquierda uruguaya) de la LUC se encuentran la flexibilidad en el uso de la fuerza policial, la regulación del derecho de huelga y la prohibición de piquetes en espacios públicos o privados que “afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”, con la consecuente autorización para disolverlos.
La aprobación o no del referéndum en contra de la LUC en Uruguay será determinante tanto para el gobierno de Lacalle Pou como para el liderazgo de Fernando Pereira dentro del FA.
En cuanto al Código Penal, la LUC también aborda las penas mínimas y máximas para delincuentes juveniles, además de restringir las condiciones de liberación de los adolescentes en prisión. También aplica el concepto de legítima defensa a los bienes materiales y extiende de 2 a 4 horas el tiempo durante el cual la Policía debe informar a la Fiscalía de la detención de una persona, mientras que faculta a policías y agentes militares a registrar personas y automóviles en procedimientos rutinarios.
