Esto, debido a que el conflicto iniciado por Trump e Israel, que cursa su sexto mes, derivó en el cierre efectivo del estrecho de Ormuz —una vía clave en el Golfo por donde fluye una gran parte de los hidrocarburos del mundo— y en los ataques hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb —una vía marítima vital que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y que representa otra arteria energética clave—, lo que, a su vezm ha provocado fuertes disrupciones en el suministro y contribuido a elevar los precios del petróleo en los mercados internacionales.
Según las filtraciones de negociación entre la administración de Trump y la de Caracas, el acuerdo daría a Estados Unidos una posición estratégica en al menos 17 de los campos de petróleo y gas más prometedores de Venezuela, que albergan unos 90 mil millones de barriles de reservas probadas, casi el doble que las de Estados Unidos.
Algunos de los detalles que Estados Unidos y Venezuela aún están definiendo incluyen si Estados Unidos crearía empresas conjuntas con compañías privadas o si contrataría empresas para operar los campos petroleros (THE WALL STREET JOURNAL) Algunos de los detalles que Estados Unidos y Venezuela aún están definiendo incluyen si Estados Unidos crearía empresas conjuntas con compañías privadas o si contrataría empresas para operar los campos petroleros (THE WALL STREET JOURNAL)
Manifestación contra la acción militar estadounidense en Venezuela en Boston Commo (Massachusetts, USA) el 03/01/2026: acusan a Donald Trump de intentar apropiarse del petróleo.
De concretarse dicho acuerdo, este tranquilizaría a las empresas estadounidenses que tendrían reparos en invertir capital en la industria petrolera de un país que aún sigue gobernado por el chavismo, aunque este se halle totalmente doblegado a la administración Trump para no correr la misma suerte que Maduro.
Es que durante el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela pasó de un modelo en el que compañías petroleras extranjeras tenían una participación significativa en proyectos de explotación a otro en el que el Estado, a través de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A), recuperó el control mayoritario de la industria.
La política de nacionalización, expropiación y aumento coercitivo del control estatal sobre el crudo se intensificó en 2007, cuando Chávez obligó a las empresas que operaban en la Faja del Orinoco a convertirse en socias minoritarias de PDVSA, que pasó a tener el 60% de las acciones. Mientras compañías como Chevron, Total y BP aceptaron el nuevo esquema mixto que relegaba a las empresas extranjeras a la condición de socias minoritarias, ExxonMobil y ConocoPhillips se negaron y abandonaron sus proyectos, dando lugar posteriormente a millonarios arbitrajes internacionales.
El proceso, presentado por Chávez como una recuperación de la soberanía petrolera, significó en la práctica una fuerte expansión del control estatal sobre la industria y marcó un punto de quiebre en la relación de Venezuela con las grandes petroleras internacionales.
Luego de la muerte de Chávez, el presidente Nicolás Maduro siguió con la misma política de Estado para mantener la soberanía petrolera. Tanto Chávez como su sucesor denunciaron en repetidas ocasiones que Washington buscaba un cambio de régimen para imponer un gobierno subordinado que entregara la soberanía energética y los yacimientos del país.
Trump pretende asegurarse 100 años de acceso al crudo de Venezuela y se cuestiona la legitimidad del acuerdo
Las agencias Reuters, Axios y Bloomberg revelaron este jueves que funcionarios de la administración del presidente Donald Trump trabajan para garantizar a Washington el acceso a largo plazo a una parte de las reservas venezolanas.
Aunque los términos del acuerdo todavía están en discusión, las negociaciones contemplan que Washington se asegure el control sobre un grupo de campos petroleros que luego serían desarrollados por compañías estadounidenses.
El crudo producido tendría como destino garantizado a Estados Unidos, según fuentes citadas por Reuters.
Una de las maneras legales que se estudia es el arrendamiento de los campos. Sobre ello, Bloomberg señala que entre las posibilidades discutidas figura incluso un plazo de 100 años. “Esto es real y se está debatiendo en los más altos niveles de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela”, dijo a Reuters una fuente familiarizada con las conversaciones.
Cabe destacar que las negociaciones ocurren a siete meses de que Venezuela, tras la caída forzada de Maduro, aprobara una profunda reforma de su Ley Orgánica de Hidrocarburos, lo que ha abierto la puerta a una participación privada mucho mayor en una industria controlada durante décadas por el Estado.
Bajo este trasfondo en el que se filtran las reales intenciones de la Casa Blanca sobre Caracas, el economista venezolano Ricardo Hausmann cuestionó este jueves, en su cuenta de X, la constitucionalidad y legitimidad de las negociaciones.
Un gobierno interino ilegítimo con una Ley de Hidrocarburos ilegítima no tiene legitimidad para cerrar este acuerdo inconstitucional. Será un fiasco para todos los involucrados, empezando por el secretario Marco Rubio Un gobierno interino ilegítimo con una Ley de Hidrocarburos ilegítima no tiene legitimidad para cerrar este acuerdo inconstitucional. Será un fiasco para todos los involucrados, empezando por el secretario Marco Rubio
Del mismo modo, el economista y exdirectivo de PDVSA, José Toro Hardy, también coincidió con en ese problema.
Al analizar las dificultades para atraer capital hacia el sector petrolero, precisó, en declaraciones ante el medio ‘VPItv’, que Venezuela es actualmente “el país más inseguro del mundo para invertir” y sostuvo que cualquier recuperación petrolera necesitará ofrecer garantías a quienes aporten capital.
“Debemos brindar seguridad jurídica”, señaló.
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