Pedro Sánchez durante su última visita a Ceuta tras la entrada masiva del 30 de julio. El mandatario fue criticado posteriormente por iniciar sus vacaciones en plena crisis migratoria.
FOTO: JORGE GUERRERO / AFP
Las conversaciones van bastante más allá de simples llamados a cruzar. Se discuten puntos de encuentro, provisiones de comida y agua, equipamiento y posibles rutas para alcanzar territorio español; circulan mapas y anuncios de neoprenos y aletas, mientras Fnideq, Castillejos y el espigón del Tarajal aparecen una y otra vez entre los focos mencionados. También detectaron perfiles especialmente activos presentes en varios grupos y mensajes que se replican casi al mismo tiempo en diferentes espacios, una dinámica que permite que la información salte rápidamente de una comunidad a otra.
A ese seguimiento se suma un documento de seis páginas elaborado por la Guardia Civil a partir de fuentes abiertas, entre ellas publicaciones en redes y medios españoles y marroquíes. Su evaluación considera acreditada, con un nivel de confianza alto, la existencia de una campaña digital activa y “potencialmente movilizadora”, pero no permite saber cuántas personas terminarán respondiendo ni quién está realmente detrás. Tampoco hay pruebas que vinculen su organización con el Gobierno de Marruecos, sus servicios de seguridad o una red criminal concreta, pese a que el papel de Rabat volvió a quedar bajo sospecha política después de la crisis anterior.
Así, la incertidumbre en Ceuta alcanza incluso a la fecha. El 15-A, señalado como el “día D” para un nuevo intento de entrada colectiva, continúa siendo el momento marcado con mayor insistencia, aunque el CNI no descarta que quienes impulsan la campaña decidan adelantarse después de que el llamado se hiciera público y perdiera el factor sorpresa. Con ese escenario sobre la mesa, la ciudad ya no se prepara únicamente para lo que pueda ocurrir el próximo sábado: la alerta rige desde ahora.
Marruecos endurece la respuesta: imputados, condenas y retornos
Mientras España mira con preocupación hacia el próximo 15 de este mes, Marruecos también endureció su respuesta después del caos del 30 de julio. La colaboración entre ambos países permitió que gran parte de quienes habían llegado a Ceuta regresaran al otro lado de la frontera: Fernando Grande-Marlaska cifró en unas 72.000 las entradas y aseguró que más de 70.000 personas ya habían abandonado la ciudad autónoma durante los primeros días de la crisis.
Rabat, además, abrió una ofensiva judicial contra quienes considera responsables de facilitar o participar en los incidentes. La Fiscalía marroquí imputó a 86 personas por delitos que incluyen la organización de cruces irregulares, el transporte de pasajeros sin licencia, agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad y daños a bienes públicos. Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, 111 personas permanecen actualmente en prisión preventiva por los hechos.
Las primeras condenas tampoco tardaron en llegar. Siete taxistas fueron sentenciados en Tetuán a penas de hasta seis meses de prisión por trasladar pasajeros hasta Fnideq, la localidad ubicada junto a Ceuta desde donde partió buena parte de quienes intentaron alcanzar territorio español. La Justicia los consideró responsables de facilitar salidas irregulares y transportar personas sin la autorización correspondiente.
Jóvenes marroquíes esperan agua potable en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos. La crisis dejó al menos 80 muertos, según cifras oficiales españolas.
FOTO: ANTONIO SEMPERE / AFP
El frente más delicado sigue siendo el de los menores. Marruecos anunció su disposición a colaborar con España para identificar y facilitar el retorno de los jóvenes no acompañados que permanecen en Ceuta, una decisión adoptada bajo instrucciones de Mohamed VI. Las autoridades locales calculaban que alrededor de 1.100 seguían todavía en la ciudad, aunque su devolución exige garantías y procedimientos específicos que impiden aplicarles el mismo mecanismo utilizado con los adultos.
Rabat acompaña esas medidas con una defensa política de su actuación. El Gobierno marroquí rechaza haber relajado deliberadamente los controles durante la primera crisis y niega haber utilizado la migración como herramienta de presión sobre España. Con una nueva movilización circulando ya por redes, esa cooperación volverá a quedar bajo examen: lo que ocurra del otro lado de la frontera puede ser tan decisivo como el despliegue que Madrid prepara en Ceuta.
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