El PP y Vox ya anunciaron que plantearán un recurso de inconstitucionalidad. Vox dijo que pedirá suspender la norma hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la cuestión de fondo.
Para Vox se trata de "una norma de muerte", una "burla" que "sobrepasa los límites de un Estado democrático", mientras el PP dijo temer que España se convierta en un destino para el "turismo de eutanasia".
Del otro lado, quienes defienden la iniciativa replican que se trata de "un derecho y no una obligación", además de "un ejemplo de empatía legislativa" para no añadir "sufrimiento jurídico" a quienes padecen una situación de salud irreparable.
La Iglesia Católica Apostólica Romana reaccionó, por otra parte, afirmando a través de la Conferencia Episcopal que la eutanasia siempre es "una forma de homicidio" y que más que defender la vida el Estado se vuelve responsable de la muerte infligida.
Así, España se convierte en el 7mo país del mundo en legalizar la eutanasia, después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda (donde ya se ha aprobado, pero entrará en vigor en noviembre) y Colombia (en este último país por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento haya aprobado una ley que la regule).
La norma prevé que toda persona con "enfermedad grave e incurable" o padecimiento "crónico e imposibilitante" pueda solicitar ayuda para morir y así evitarse "un sufrimiento intolerable".
Se imponen estrictas condiciones, como que la persona, de nacionalidad española o residente legal, sea "capaz y consciente" al hacer la petición, que debe formular por escrito "sin presión externa" y repetir 15 días más tarde.
Tras haber presentado su solicitud en 2 ocasiones por escrito y tras 2 procesos deliberativos, y si cumplen los requisitos, recibirán la ayuda a morir en torno a 35 días después.
La ley incluye la creación de una Comisión de Garantía y Evaluación en cada región autónoma, que tiene que estar lista cuando en junio entre en vigor la norma y que deberá autorizar la eutanasia.
Se trata de un organismo que se añade a la autorización que deben realizar 2 médicos diferentes, y que hace temer a los activistas que en las autonomías gobernadas por el PP se autoricen menos muertes que en el resto, explica El Periódico.
La norma contempla asimismo que los médicos puedan acogerse a la objeción de conciencia, si bien también deja claro que "el acceso" del paciente no podrá resultar "menoscabado" por ello.
