"Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa del poder por parte de bandas delincuenciales. El Estado ecuatoriano va a actuar, debemos actuar, y la primera decisión que hemos tomado es declarar el estado de excepción del sistema carcelario de todo el territorio ecuatoriano", dijo.
Fausto Buenaño, comandante de la policía de la Zona 8, con sede en Guayaquil, detalló que las bandas que se enfrentaron buscaban tomar el control de un pabellón del penal.
Medios ecuatorianos dicen que la violencia es el resultado de una disputa entre bandas locales afiliadas a dos poderosos carteles mexicanos, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que operan en el país.
Es el tercer motín que se registra en una cárcel de Ecuador en lo que va de 2021. Los dos anteriores ocurrieron en febrero y en julio y dejaron 79 y 22 muertos, respectivamente.
De acuerdo con el diario local El Comercio, el Director Nacional (s) de la Dirección Nacional Técnica Científica de la Policía, Henry Coral, indicó que hasta el momento se han entregado solo 4 cuerpos (de los 116) a los familiares que han acudido a la morgue o a Criminalística.
El decreto de estado de excepción prevé la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan actuar dentro de las prisiones del país, en coordinación con la Policía en casos en los que sea necesario restablecer y mantener el orden en los penales.
Funcionarios ecuatorianos dijeron en la tarde de ayer (28/9) que habían retomado el control de la cárcel.
Detalles de los sucesos
Detonaciones de armas de fuego y explosiones en varios pabellones activaron las alertas de las autoridades. Varios agentes policiales encontraron cadáveres con impactos de balas y efectos de granadas en los pabellones de la penitenciaría.
El diario El Comercio informó que varias víctimas fueron mutiladas. En 5 casos hubo decapitaciones. En otros, cortes de extremidades.
La OEA "condena la violencia"
En su Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) informó que en 2021 "más de 200 personas murieron como consecuencia de la violencia en las cárceles", subrayando que "los Estados tienen el deber legal de adoptar medidas que garanticen los derechos a la vida e integridad personal y a la seguridad de las personas detenidas".
La CIDH "insta nuevamente al Estado de Ecuador a investigar de oficio y con la debida diligencia los hechos e implementar acciones para evitar su repetición, como aumentar la seguridad y vigilancia en las cárceles y prevenir la actuación de grupos criminales en su interior".
Las causas de los motines
Silvana Tapia, investigadora y activista ecuatoriana de la organización Alianza contra las cárceles, le dijo a BBC Mundo que episodios como el de Guayaquil "no ocurren sin una larga historia y de larga data por detrás y, sobre todo, no ocurren sin la participación del Estado".
Tapia asegura que "existe una elevada corrupción en los funcionarios penitenciarios" de Ecuador y pide "cuestionar seriamente el origen del armamento que se está utilizando en estos eventos sangrientos".
También apunta al hacinamiento como "factor crucial" para explicar lo ocurrido, ya que, según ella, "todas las prisiones en el país están por encima de su capacidad y no permiten una vida en condiciones dignas".
