Las redes sociales dentro y fuera de Cuba se encuentran encendidas con el hashtag #NoAlDecreto35, una nueva normativa aprobada por el régimen de la isla para controlar aún más el internet.
Se trata del Decreto-Ley No. 35 de "las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico" y la Resolución 105 "Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad".
"Pretender alterar el orden público" o "promover la indisciplina social" mediante las tecnologías de la información y la comunicación es un "incidente de agresión" con nivel de peligrosidad "muy alto", según el nuevo marco regulatorio del país.
La nueva normativa llega en un momento de un fuerte disenso social en la isla, en donde el mes pasado miles de personas salieron a las calles a protestar y a pedir libertad y mejores condiciones de vida en medio de una fuerte crisis económica y sanitaria.
En su momento, las redes sociales fueron un elemento clave para que las protestas se extendieran a lo largo del país, y fue cuando el gobierno cubano tomó la decisión de cortar internet durante una semana.
Activistas, periodistas y opositores cubanos han manifestado su rechazo a este nuevo decreto ley.
"El decreto 35, aprobado por la dictadura, no es más que la continuidad de una serie de leyes y regulaciones estatales a la libertad de expresión, partiendo de la propia constitución redactada por ellos. Pronto respirar estará prohibido", escribió en Twitter el promotor de Cuba Decide, Víctor Dueñas.
Muchos creen que la nueva medida del gobierno sirva para acallar las voces disidentes en las redes y procesar a quienes critiquen el sistema cubano y sus dirigentes.
Según publicó el medio oficialista Cubadebate, la resolución ejecutará lo establecido en el Decreto 360/2019, la ley que controla el ciberespacio nacional, que tiene "carácter preventivo y alcance a toda la sociedad".
De acuerdo con Pablo Domínguez Vázquez, director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicación (Mincom), "por primera vez el país contará con una norma jurídica donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico".
La nota oficial explica que a partir de ahora serán tipificados hechos como "el eco mediático de noticias falsas, entendido como la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país".
También incluyen el llamado "ciberterrorismo", como un concepto por el cual procesar a quienes disientan del gobierno de La Habana.
Se reconoce el ciberterrorismo como aquellas acciones mediante el uso de las TIC cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Alterar gravemente la paz pública. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella
También considera como "fraude" de nivel de peligrosidad "muy alto" toda "acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a personas e instituciones del Estado", algo que muchos opositores, activistas y periodistas interpretan como una estrategia para acallar las críticas.
Por otro lado, Wilfredo López Rodríguez, director de Regulaciones del Mincom, dijo que el Decreto-Ley No. 35 es la primera norma jurídica de rango superior aprobada en la isla sobre los servicios de Telecomunicaciones, las TICs y el uso del Espectro Radioeléctrico.
Reitera que el Estado cubano tiene el monopolio de las telecomunicaciones y con ello, la facultad de regular, ordenar, controlar y fiscalizar los diferentes servicios y redes de telecomunicaciones/TIC; así como otorgar el derecho a su explotación.