Asimismo, dijo que Bolsonaro “pronuncia un discurso para ser mostrado en las plataformas digitales” y especificó que “no puede valerse de esos medios para burlar” la medida cautelar impuesta. Por tanto, ahora se encuentra “bajo pena de revocación inmediata y decreto de prisión”.
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Alexandre de Moraes y Jair Bolsonaro | FOTOMONTAJE
Supuesta injerencia de Trump y temor a fuga de Bolsonaro
Días atrás, el máximo Tribunal de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF) le prohibió a Jair Bolsonaro conceder entrevistas, usar las redes sociales, hablar con diplomáticos extranjeros y comunicarse con su propio hijo Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos buscando apoyo del entorno de Trump.
Además, el STF lo obligó a llevar una tobillera electrónica ante el temor de una posible fuga con el apoyo de Washington, en medio del proceso penal que enfrenta por supuestamente haber liderado un entramado golpista contra el Estado de derecho brasileño con el objetivo de subvertir los resultados electorales que llevaron al poder a Lula da Silva.
Tales medidas cautelares contra Bolsonaro fueron impuestas por STF alegando un supuesto intento de obstrucción a la Justicia, en base a sus recientes declaraciones públicas, por sus contactos con actores clave (como diplomáticos estadounidenses y militares en el poder) y frente al uso de redes sociales para deslegitimar las causas penales en su contra.
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Trump ha dicho que "vigilará muy de cerca" el proceso penal contra Bolsonaro | GENTILEZA DE IMAGEN
En cuanto a la prohibición de contacto con diplomáticos extranjeros, tal medida parte de un informe de la Policía Federal, el cual reveló que Bolsonaro y su hijo, Eduardo Bolsonaro, "vienen trabajando, durante los últimos meses, con autoridades gubernamentales de los Estados Unidos de América, con el objetivo de obtener la imposición de sanciones contra agentes públicos del Estado brasileño".
Ambos actuaron "intencionadamente y a sabiendas de forma ilícita" y "con el propósito de intentar someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal al escrutinio de otro Estado extranjero, mediante actos hostiles derivados de negociaciones espurias y criminales con patente obstrucción a la justicia y el claro propósito de coaccionar a este Tribunal".
Según el juez supremo Moraes, Bolsonaro viene cometiendo "ACTOS EJECUTIVOS CLAROS y EXPRESOS y CONFESIONES FLAGANTES DE LA PRÁCTICA DE ACTOS CRIMINALES, especialmente los delitos de coacción en el curso del proceso, obstrucción de la investigación de un delito penal que involucra una organización criminal y un atentado a la soberanía y permanecen, siempre en el sentido de inducir, instigar y asistir a un gobierno extranjero a practicar actos hostiles a Brasil y el intento flagrante de someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal a los Estados Unidos de América, con el propósito de 'archivar/extinción' del AP 2668".
Y agregó: "LA CORTE SUPREMA FEDERAL siempre será absolutamente inflexible en la defensa de la soberanía nacional y en su compromiso con la democracia, los derechos fundamentales, el Estado de derecho, la independencia del Poder Judicial Nacional y los principios constitucionales brasileños. Debemos recordar siempre la lección de Abraham Lincoln, decimosexto presidente de los Estados Unidos de América, responsable del mantenimiento de la Unión y la Proclamación de la Emancipación, quien afirmó que «los principios más importantes pueden y deben ser inflexibles".
Tras conocerse las medidas cautelares, Jair Bolsonaro declaró ante la prensa que se trata de una “máxima humillación” y aseguró que nada lo “coloca en un plano golpista”, algo que, según él, “no existió”.
Asimismo, reiteró que el proceso penal en su contra es una “persecución”, tal como también afirmó días atrás su par estadounidense Donald Trump, y calificó las sospechas en su contra como una “exageración”.
A viva voz, Bolsonaro señaló que lo acusan de intentar un golpe de Estado “sin Fuerzas Armadas, sin armas”. Al ser consultado sobre si había considerado salir del país, respondió que “nunca” estuvo en sus planes.
Durante la semana, su par estadounidense, Donald Trump, manifestó públicamente su respaldo al exmandatario brasileño. Lo calificó de “perseguido político” y, en un gesto de solidaridad, impuso un aumento del 50 % en los aranceles a productos brasileños, como una clara represalia contra el gobierno de Lula.
A través de su red Truth Social, Trump afirmó que “vigilará muy de cerca” la situación judicial de Bolsonaro, quien, junto a varios de sus exministros, enfrenta múltiples procesos judiciales por su presunta participación en una conspiración para desconocer el resultado de las elecciones que consagraron a Lula da Silva, como ya ha informado Urgente24.
“¡Vigilaré muy de cerca la CAZA DE BRUJAS contra Bolsonaro, su familia y sus miles de seguidores!”, escribió Trump.
Bolsonaro está imputado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por supuestamente liderar un complot golpista en 2022, junto a siete ex funcionarios, y se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030.
La pena que enfrenta Bolsonaro, en caso de ser hallado culpable, podría llegar hasta los 40 años de prisión. Entre los delitos que se le imputan se encuentran:
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Organización criminal armada
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Tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho
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Golpe de Estado
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Daños calificados con violencia
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Amenaza grave contra el patrimonio público y deterioro del patrimonio inmueble (por los actos de vandalismo cometidos por bolsonaristas en las sedes de los Tres Poderes)
Bolsonaro y exministros acusados de liderar trama golpista
En marzo pasado, el Tribunal Supremo de Brasil (STF) resolvió que el exmandatario Jair Bolsonaro y siete de sus ex colaboradores sean juzgados formalmente por el entramado golpista del 2022. Entre los exministros de Bolsonaro que podrían terminar tras las rejas, se encuentran:
- Walter Braga Netto (exministro de Defensa y jefe de gabinete) Líder junto a Bolsonaro de la conspiración armada. Se le imputa complicidad en un plan para asesinar a Lula, Alckmin y al juez Moraes, y obstrucción de la justicia
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Augusto Heleno (exministro de Seguridad Institucional) Acusado de ayudar a sembrar dudas sobre el sistema de votación electrónica y promover acciones para involucrar a militares en el golpe
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Anderson Gustavo Torres (exministro de Justicia y Seguridad Pública) Acusado de facilitar el asalto del 8 de enero actuando como secretario de seguridad en Brasilia, ocultando información y facilitando la acción golpista
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Almir Garnier Santos (excomandante de la Marina) Implicado en la elaboración de un decreto golpista y disposición de tropas a favor del golpe
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Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (exministro de Defensa) Presente en reuniones golpistas y acusado de intentar manipular auditorías militares sobre el sistema electoral
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Mauro César Barbosa Cid (teniente coronel y exedecán de Bolsonaro) Considerado el “vocero” de Bolsonaro, recolectó pruebas falsas de fraude, colaborador clave que inculpó a otros
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Alexandre Ramagem (exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia – ABIN) Acusado de infiltrar campañas electorales, vigilar opositores y coordinar operaciones de desinformación
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