La difusión de esas escenas extendía la invasión de la privacidad al entorno de las víctimas, donde podía utilizarse para humillarlas, deteriorar su reputación y condicionar su actividad pública. Según la investigación, las campañas de desprestigio también encontraban un canal en medios afines al Estado, que amplificaban información personal para estigmatizar a quienes cuestionaban a las autoridades. A esa exposición se sumaba el impacto psicológico de sospechar que el propio hogar había sido intervenido, una incertidumbre capaz de modificar las conversaciones, las relaciones y el trabajo mucho después de una grabación.
Mohamed VI, rey de Marruecos, junto a Felipe VI. Amnistía Internacional denunció una red de vigilancia de los servicios de inteligencia marroquíes contra periodistas y activistas.
FOTO: ARCHIVO
Precisamente, el periodista Hicham Mansouri, exiliado en Francia y cuyo trabajo contribuyó a la investigación coordinada por Forbidden Stories con 14 organizaciones de medios, señaló que ese clima termina generando autocensura. En 2015 fue encarcelado por acusaciones de adulterio y explotación sexual que Amnistía considera falsas, tras un juicio que, según la entidad, incumplió las normas internacionales. Su experiencia permite entender cómo el temor a nuevas filtraciones puede prolongar el efecto de la vigilancia aun cuando la persona deja el país o recupera la libertad.
Pegasus y los registros que revelan a quiénes apuntaba el espionaje
La intervención de viviendas tenía su correlato en los teléfonos, donde el informe identifica a Pegasus como una de las herramientas utilizadas para seguir a periodistas y defensores de derechos humanos. Desarrollado por la empresa israelí NSO Group, este programa espía permite acceder a comunicaciones y otros contenidos del dispositivo comprometido, por lo que podía ampliar la vigilancia más allá de los lugares donde se habían instalado micrófonos o cámaras. Amnistía atribuye su implementación en Marruecos a la DGST y aporta nuevas pruebas sobre operaciones contra voces críticas entre 2017 y 2021, un período durante el cual las autoridades negaron utilizarlo.
Para reconstruir esa actividad, la organización cruzó registros filtrados con identidades y pudo vincular 103 números marroquíes seleccionados como posibles objetivos con personas concretas. De ese conjunto, 65 pertenecían a integrantes de la sociedad civil, entre ellos 34 defensores de derechos humanos, 22 periodistas y profesionales de medios, cinco abogados y cuatro personas del ámbito académico. Otros 25 correspondían a representantes políticos o funcionarios y cinco a diplomáticos o miembros de organizaciones internacionales, mientras que los ocho restantes incluían empresarios, figuras religiosas y personas cuya clasificación no estaba clara. La distribución respalda la conclusión del organismo de que el seguimiento a la disidencia ocupaba un lugar prioritario en el uso del sistema.
Esos registros requieren, sin embargo, distinguir la selección de un número de la infección efectiva de su teléfono, porque figurar como objetivo potencial no demuestra por sí solo que el ataque haya tenido éxito. Para acreditar las intervenciones, la investigación incorpora análisis forenses que Amnistía había realizado sobre dispositivos de activistas y periodistas, junto con nuevas evidencias técnicas. Entre los antecedentes figura el abogado Abdessadak El Bouchattaoui, defensor de manifestantes del movimiento Hirak del Rif, cuyo número fue incorporado al sistema en septiembre de 2017 y seleccionado repetidamente durante las semanas siguientes; poco antes de una de esas selecciones había recibido por SMS un enlace de infección.
La documentación también permite examinar la relación con el proveedor, ya que materiales internos de NSO Group revelados en el litigio iniciado por WhatsApp y Meta describen actividades de formación y pruebas destinadas a las autoridades marroquíes, identificadas con el nombre en clave de “Morgen”. Según el informe, personal de la compañía realizó visitas para demostrar capacidades del programa, un vínculo que añade a la actuación de los servicios de inteligencia el papel de las empresas que suministraban la tecnología. Sobre esa base, Amnistía reclama suspender las exportaciones de herramientas invasivas a Marruecos hasta que existan garantías capaces de prevenir su uso contra quienes ejercen legítimamente sus derechos.
Los proveedores señalados y las respuestas a la denuncia
El entramado descrito por la investigación incluye herramientas de empresas radicadas en Israel, Europa y Estados Unidos, entre las que aparecen la italiana Hacking Team, cuya actividad continuó bajo el nombre de Memento Labs, y la red empresarial británico-alemana Gamma Group y FinFisher. Aunque el uso de Pegasus había situado a la israelí NSO Group en el centro de las denuncias, los nuevos hallazgos amplían el foco hacia un mercado internacional que abastecía a los servicios marroquíes. Sobre esa cadena de suministro, Callamard cuestionó tanto a los proveedores como a los Estados responsables de controlar las exportaciones, al señalar que sus decisiones permiten sostener lo que definió como una “economía mundial de opresión tecnológica”.
Antes de publicar sus conclusiones, la entidad consultó a las compañías mencionadas y recibió una respuesta de Memento Labs, que afirmó no tener “ningún contrato activo con ninguna agencia marroquí”. La firma añadió que había modificado su forma de operar e incorporado un programa interno de cumplimiento para supervisar la situación de los distintos países, aunque esa declaración sobre sus vínculos actuales no esclarece las operaciones históricas examinadas en el informe. Otra de las empresas consultadas, Verint, comunicó que se había desprendido de su negocio de vigilancia el 1 de febrero de 2021 y remitió las preguntas a Cognyte Software Ltd., mientras que las demás compañías no contestaron, según la organización.
Además de reclamar el fin de la vigilancia ilícita, Amnistía Internacional, movimiento global que investiga y denuncia constantemente abusos contra los derechos humanos, pidió a las autoridades judiciales marroquíes una investigación independiente y efectiva sobre los casos señalados. Su reclamo también alcanza a los países exportadores, a los que exige detener el suministro de programas espía, herramientas forenses digitales y otras tecnologías que invaden la privacidad hasta que existan garantías capaces de prevenir esos abusos. La responsabilidad que plantea el informe recorre así toda la cadena, desde quienes autorizan y comercializan los sistemas hasta los agentes que los utilizan y las instituciones encargadas de controlar su actuación.
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