Con el asesoramiento legal del abogado José Luis Mazón, la revista exige una compensación económica de 30.000 euros en concepto de daños morales y reputacionales, buscando frenar mediante la vía civil lo que consideran una campaña sistemática de desgaste y desinformación para dañar la viabilidad de un medio independiente.
La historia
Ambas acusaciones inventadas tenían como objetivo difamar a la revista, según sostuvo Mazón en la demanda, fundamentando su reclamo en la difusión que le dieron The Objective y El Debate, entre otros, sin el más mínimo contraste informativo.
Además de la Asociación Española de Abogados Cristianos, también embistieron contra los editores de Mongolia (como Pere Rusiñol y Darío Adanti), los colectivos católicos Hazte Oír y el Instituto de Política Social (IPSE)
Argumentaron que el humor y las imágenes traspasaban los límites de la decencia y buscaban el escarnio intencionado de los creyentes.
Pero los tribunales españoles han determinado que, aunque las ilustraciones puedan resultar de mal gusto, burdas, chabacanas o irreverentes para los fieles, están amparadas por la libertad de expresión y el derecho a la creación artística y satírica en el contexto de la crítica social.
La justicia ha señalado que la sátira hacia los dogmas de fe o hacia instituciones de gran peso social no constituye un delito de escarnio si el objetivo principal es el debate público o la crítica humorística y no la agresión directa a las personas creyentes.
Según el análisis del letrado de Mongolia, el motor principal de los querellantes ultracatólicos no sería pues jurídico, sino más bien intentar acallar un medio independiente y anticlerical hasta el punto de que las medidas cautelares solicitadas incluían directamente su intervención.
La querella de Abogados Cristianos fue archivada, pero Mongolia considera que se trataba en realidad de una práctica coercitiva, armada a partir de acusaciones denigratorias falsas, y consideró imprescindible que estas prácticas no queden impunes para proteger la libertad de expresión.
Mongolia exploró -infructuosamente- la vía penal, y terminó en una demanda civil, por la que exige un resarcimiento.
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