Los datos no permiten atribuir toda la contracción a una única medida del Gobierno nacional. Sí muestran que el deterioro que describió Llaryora no se limita a una discusión política: la economía provincial también perdió actividad durante el período analizado.
“Podés poner un paraguas, pero no podés parar la tormenta”
Llaryora utilizó esa imagen para describir el límite de su gestión frente a la recesión. Según explicó, la Provincia puso en marcha programas de empleo y medidas de asistencia, pero no tiene herramientas suficientes para compensar por sí sola los efectos de una caída de la actividad que excede la capacidad de respuesta de los gobiernos provinciales.
“Vos podés amortiguar, pero vos no podés parar la tormenta”, sostuvo.
El gobernador mencionó la caída de la actividad industrial, el cierre de pymes y el aumento del desempleo como parte del escenario que enfrenta Córdoba.
También advirtió que la Provincia tendrá que revisar partidas de su propio presupuesto porque las condiciones económicas ya no son las mismas que al momento de elaborarlo.
Si el Estado nacional reduce gastos para equilibrar sus cuentas, pero al mismo tiempo la recesión debilita a las empresas y reduce el empleo formal, ¿cuánto tiempo pueden los gobiernos provinciales sostener los servicios y programas que amortiguan ese impacto?
Llaryora apuntó directamente a la Casa Rosada: “El gobierno tiene que darse cuenta que ha cambiado la situación”.
La advertencia detrás de los números
El planteo del gobernador coincide con un deterioro del empleo registrado que puede medirse a escala nacional.
Un informe de CEPA, elaborado a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, contabilizó una caída de 181.542 puestos de trabajo en empresas de hasta 500 trabajadores entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
El dato no demuestra por sí solo qué parte de esa pérdida corresponde a Córdoba ni permite atribuir cada caso exclusivamente al ajuste. Pero pone en contexto la preocupación por el entramado de pequeñas y medianas empresas, que tiene menos margen financiero que las grandes compañías para atravesar una caída prolongada de ventas.
Ese es uno de los puntos centrales del reclamo de Llaryora. El gobernador cuestiona que el debate económico quede concentrado en las variables macroeconómicas sin una discusión equivalente sobre cómo recuperar la producción y el empleo.
En su planteo, la estabilización no debería ser el punto de llegada, sino una condición para que la economía vuelva a crecer.
La respuesta de Llaryora: beneficios fiscales para atraer inversiones
El gobernador no solo reclamó cambios al Gobierno nacional. Córdoba también busca una salida propia para reactivar la actividad y sostener el empleo.
El 29 de septiembre, Llaryora envió a la Legislatura provincial un proyecto para unificar los regímenes de promoción industrial y ampliar los incentivos a la inversión, la innovación y la contratación de trabajadores. La iniciativa contempla exenciones impositivas de hasta diez años, con plazos de hasta quince años para determinados proyectos y zonas de la provincia.
El esquema apunta a que las empresas amplíen su capacidad productiva, incorporen tecnología y generen nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, se trata de un proyecto de promoción económica y no demuestra todavía que haya conseguido revertir la caída de la actividad.
El costo político de sostener el ajuste
Llaryora también vinculó el deterioro social con la viabilidad política del programa económico. Al referirse a un planteo del Fondo Monetario Internacional, sostuvo que las políticas económicas necesitan acompañamiento social para mantenerse en el tiempo.
“En un país democrático las políticas que vos llevás a cabo son sostenibles siempre y cuando las políticas sociales te vayan acompañando”, afirmó.
El gobernador mencionó las dificultades que atraviesan las familias con personas con discapacidad y los adultos mayores, además de la pérdida de empleo.
Su argumento es que el resultado fiscal no puede analizarse aislado de las consecuencias que las decisiones económicas tienen sobre la vida cotidiana.
Cuando el deterioro se prolonga, el costo deja de ser solamente económico y puede transformarse en un problema político para el Gobierno.
Sin embargo, Llaryora evitó plantear la discusión en términos de abandonar el equilibrio fiscal. Su reclamo es que Milei cambie las herramientas para impulsar la actividad, en lugar de sostener una estrategia que, según su diagnóstico, ya no alcanza para la nueva etapa.
La diferencia es importante: no se trata de volver al esquema anterior, sino de discutir qué políticas pueden sostener a las empresas y generar empleo sin desarmar la estabilización.
Por ahora, el gobernador dejó planteado el diagnóstico, pero no detalló durante la entrevista un paquete nacional concreto de medidas que considere suficiente para revertir la situación. Esa es la discusión que su advertencia pone sobre la mesa.
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