El 27 de enero, Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una denuncia, la cual recayó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10 Secretaría Nº 20, en la que se dio a conocer “la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentín S.A. lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de $18.500 millones, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos”.
El 10 de febrero, la empresa presentó su concurso preventivo, denunciando una deuda de gran magnitud, la cual asciende a $ 99.345.263.086,50.
La irrupción de la pandemia al escenario argentino, complicó el desarrollo del proceso dentro de los plazos previstos, lo que se tradujo en una situación de total incertidumbre en el mercado agroindustrial. Esto generó un panorama cada vez más complejo para la firma, cuyo accionar no sólo está siendo investigado por el Poder Judicial, sino que también produce cada vez más desconfianza entre los diversos productores, profundizando la crisis puertas adentro de la firma.
Recién el 5 de junio de 2020, se resolvió establecer un nuevo cronograma de fechas del proceso concursal, en razón de su volumen y complejidad, sin perder de vista la incertidumbre generada por en Covid-19.
Como corolario de las circunstancias descriptas se ha puesto en grave peligro la continuidad de las operaciones de la empresa.
Es por ello, que el gobierno Nacional decidió, a fin de evitar una mayor disminución de los activos de la sociedad en perjuicio de los acreedores, de proteger los puestos de trabajo, reactivar la producción, garantizar el recupero de las acreencias con el sector público y evitar los daños que ocasionaría para nuestro país que se profundice la concentración del mercado agroexportador; intervenir el gerenciamiento y administración de Vicentín por un plazo de 60 días.
Esta medida fue anunciada por el Presidente Alberto Fernández, quien manifestó que el principal objetivo de esta norma es “rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales”.
Agregó que el hecho de que “ Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante”, él consideró que la medida es “estratégica” y que “favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”.
El siguiente paso es enviar al Congreso un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y expropiación, que la empresa pase a formar parte de un fondo fiduciario bajo la administración de YPF Agro, aplicando un modelo de gestión mixta.
Más allá de la intervención, el proceso de convocatoria de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista seguirá su cauce normal. Y se pondrá a disposición de la Justicia toda la información para que se lleve adelante la investigación sobre el proceso de vaciamiento al que fue sometida la empresa.
