“Las prepagas y obras sociales ofrecen a sus afiliados la vacuna, por lo cual se altera el orden de prioridad establecido por el Ministerio de Salud”, argumentó Salvo el martes en declaraciones al periodista militante Víctor Hugo Morales.
Además, la abogada realizó un pedido de informe para que el gobierno porteño notifique la cantidad de vacunas que recibió y el listado de las personas que fueron vacunadas.
Todo ocurre en el marco del vacunatorio VIP que golpe al Gobierno nacional y del cual no logra despegarse.
En cuanto a Recaldeo, en su presentación, que fue realizada de modo digital a través del sistema de gestión colaborativa del GCBA, solicitó que las autoridades informen, además, sobre "acuerdos o convenios que se hayan suscripto con obras sociales y de la seguridad social y con empresas de medicina prepaga".
La solicitud de información pública se produjo en el mismo día en que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Salud Fernán Quirós fueran denunciados ante la Justicia Federal por Salvo.
Recalde, hacia el final de la presentación, reclamó al Gobierno porteño "que ofrezca su respuesta y/o decisión fundada en el plazo previsto por el artículo 10 de la ley 104, bajo apercibimiento de concurrir a las autoridades correspondientes exigiendo cumplimiento".
El artículo 10 de esa norma, aprobada por la Legislatura porteña en 1998 y modificada varias veces desde entonces, establece que "toda solicitud de información requerida deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de quince días hábiles".
En la presentación de Recalde se exige, también, que el GCBA precise con detalle cuáles son los "22 centros propios (de vacunación en la ciudad)" y que también informe sobre los "180 puestos que conforman las postas de vacunación pública".
Además, el senador reclamó a la administración porteña que indique la "dependencia funcional de los 8 equipos móviles para vacunar en residencias de la tercera edad".
Por otro lado, también requirió que se responda en detalle cómo funciona "el sistema de recepción de turnos" y si cuenta con "plan de contingencia".
"Indique la razón -agregó Recalde en el pedido de información pública, que difundió luego por Twitter- de la falla ocurrida el viernes 19 de febrero de 2021, que impidió el normal expendio de turnos a las y los ciudadanos mayores de 80 años".
El legislador, además, exigió que el GCBA responda si la cartera de Salud porteña realiza un "monitoreo o seguimiento" del "otorgamiento de turnos realizado por las obras sociales y las empresas de medicina prepaga".
Por último, Recalde reclamó que se haga público el listado de personas vacunadas en la CABA a la fecha de la contestación, y que para eso se discrimine, con los datos del caso, entre aquellas que fueron inmunizadas en los centros vacunatorios oficiales de la Ciudad y aquellas otras que recibieron la vacuna en obras sociales o clínicas privadas.
Por su parte, el gobierno porteño contestó a las acusaciones. Fernán Quirós declaró este miércoles 24/2: “Lo que pasó fue un error grave que daña la campaña de vacunación. Ha sido una cosa realmente dolorosa y penosa”, y aseguró que "ningún funcionario del gobierno porteño usará una vacuna destinada a trabajadores de la Salud".
“Ofrecimos a todas las obras sociales y empresas prepagas vacunas contra el coronavirus. Lo principal es mantener la equidad en la oferta de la vacuna. Cada ciudadano porteño, sin importar su condición económica, va a tener en cada etapa la misma accesibilidad de vacunarse”, aclaró el ministro sobre la denuncia de Salvo.
