López Mazzeo denunció que tanto Srur y Piscicelli, como instructor del sumario, incurrieron “en diferentes delitos, tales como violación de los deberes de funcionario público y abuso de la autoridad”, ya que “hicieron uso abusivo de la función que les fue conferida”.
López Mazzeo y el ex comandante de la Fuerza de Submarino, Claudio Villamide, fueron imputados en una causa penal y, además, sufrieron “una suspensión del ejercicio de sus funciones” por –según el sumario- “no impedir que el ARA San Juan navegase con posterioridad a las severas anomalías detectadas” durante la que sería su última misión. Aquella sanción fue finalmente anulada.
Según la agencia NA, el fiscal Delgado consideró que existieron tales conductas contra López Mazzeo y Villamide, pero aclaró que ello no significa que ambos no tuvieran responsabilidad en el hundimiento del submarino.
“El objeto de análisis se limita al trámite del sumario entre la fecha en que se dio inicio al expediente disciplinario y la fecha en que el entonces Ministro de Defensa, Oscar Aguad nulificó la sanción”, subrayó Delgado.
El pedido de Delgado fue presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti. El fiscal concluyó que “hubo una apresurada intención en individualizar responsables, sin siquiera llevar adelante una mínima pesquisa sobre las circunstancias que motivaron el naufragio del Submarino ARA San Juan. Estas acusaciones prematuras sirvieron para esconder a otros responsables”.
No obstante, Delgado enfatizó que “el arribo de estas conclusiones por parte de la fiscalía de ninguna manera concluye que tanto López Mazzeo como Villamide carezcan de responsabilidades legales en los hechos que se investigan en otros tribunales relacionados con el naufragio”.
“Aquí el punto es otro. Tiene que ver con el uso privado de la ley administrativa en el expediente de que se trata para, en ese momento inicial y por ese período, cortar el hilo por lo más fino y evitar el avance de las investigaciones”, insistió.
En marzo, tras conocerse la decisión del Consejo de Guerra, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, pidió que la Justicia civil tenga en cuenta el veredicto y llame a Srur a indagatoria.
El ministro apuntó directamente contra la Marta Yañez, que lleva la causa en Caleta Olivia, Santa Cruz.
